Preguntas sin respuesta derivadas a otros departamentos. La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias sigue sin informar sobre la situación de los recursos contenciosos presentados por personas en situación de pobreza severa a las que la Generalitat deniega la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). La caótica gestión de esta ayuda ha sido denunciada en diversas ocasiones por comisión promotora de la ley de la RGC, que todavía no ha sido desarrollada.
La Dirección General de Economía Social, el Tercer Sector, las Cooperativas y la Autoempresa, que depende de la citada Consejería, se ha visto obligada a dar respuesta a la coordinadora de la RGC. Lo hace después de que la Comisión de Garantía del Derecho a la Información pública (GAIP) de la propia Generalitat diera la razón a los afectados, quienes denuncian falta de transparencia.
Cifras abultadas
Así, en un informe con fecha 30 de septiembre al que ha tenido acceso Crónica Global, la dirección general informa, tal como le había reclamado el portavoz de la coordinadora, Diosdado Toledano, que desde febrero de 2018 al 3 de abril de 2019, se han contabilizado un total de 8.482 expedientes con recurso contra una denegación. Asimismo, a fecha 2 de septiembre, se habían resuelto un total de 3.917 recursos de alzada de prestación de la RGC, de los cuales se habían notificado un total de 2.529. De éstos se han respondido en un plazo de tres meses a un total de 411 recursos de alzada. Se estimaron 582 recursos.
Manifestación contra la pobreza en Cataluña de miembros de la asociación Renta Garantizada de Ciudadanía / TWITTER
Las cifras demuestran la dimensión de los afectados que se ven inmersos en un periplo administrativo y judicial para el que no están preparados.
Tras contestar a estas primeras peticiones, la citada Dirección General recupera su mutismo y deriva las respuestas a otros negociados, como la Dirección General de Protección Social o al Gabinete Jurídico Central. En efecto, los afectados se quedan sin averiguar cuántos recursos contenciosos-administrativos han sido revisados, corregidos, resueltos y abonados a la persona demandante, y cuántas sentencias han sido favorables.
Sí responde la administración sobre las reclamaciones de abono por silencio positivo incompleto se han presentado entre febrero de 2018 y marzo de 2019. Un total de 1.206, de los cuales 876 fueron revisados y de éstos, 771 desestimados.
Concentración ante el Parlament
La semana pasada, con motivo de la celebración del Debate de Política General, un centenar se personas se concentró ante la sede del Parlament para reivindicar el cumplimiento de la Ley de la RGC ante “las denegaciones injustificadas por la administración del Gobierno de la Generalitat, de la gran mayoría de solicitudes de este derecho”. También reivindicaron la aprobación de la enmienda de lectura única al articulo 7 de la ley que mejora el acceso a la prestación de la RGC.
Asimismo, denunciaron “el brutal incremento de la pobreza severa o privación material severa en Cataluña”, que ha pasado del 5% de la población en 2017 (380.000 personas) al 6,5% en 2018 (494.000 personas) “lo cual demuestra que el gobierno de la Generalitat no está aplicando correctamente la ley de RGC”.
El pasado 19 de septiembre, PSC, Ciudadanos, Catalunya En Comú-Podem y CUP anunciaron la presentación de una proposición de modificación de la ley de la RGC en lectura única --trámite de urgencia-- con la finalidad de que personas que solicitan la RGC no estén obligadas a acreditar seis meses de insuficiencia económica, sino dos, y que el hecho de recibir ayudas económicas o alimentarias por parte de familiares o amigos no suponga tampoco un obstáculo. ERC, Junts per Catalunya y PP se desmarcaron de esta iniciativa conjunta, que puede leerse en este enlace.