La policía cree que el ‘procés’ también ha muerto en las calles

El procés afronta su recta final. La división independentista, que el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, reconoció ayer en su discurso institucional con motivo de la Diada, preconiza un adelanto electoral previa sentencia sobre el referéndum del 1-O. El proyecto secesionista parece tener sus días contados, pero es que también agoniza en las calles.

Así lo aseguran a Crónica Global fuentes de la Policía Nacional, atentos eso sí a las movilizaciones que el independentismo organice de cara al aniversario del 1-O y de la declaración unilateral de independencia (DUI) y, sobre todo, a la respuesta al fallo del Tribunal Supremo. “No hay señales de movilizaciones masivas, solo de guerracivilismo entre Junts per Catalunya y ERC”, explica un mando policial desplazado estos días a Cataluña para observar el desarrollo de las celebraciones separatistas que, a lo largo de septiembre y octubre, transcurran en esta comunidad.

¿Otoño caliente?

¿Otoño caliente entonces?. Los responsables de las fuerzas de seguridad del Estado coinciden con los Mossos d’Esquadra, con quienes mantienen contacto, en la necesidad de permanecer atentos a la respuesta de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a una previsible sentencia condenatoria. “Ese puede ser el momento álgido, pero el activismo callejero ha perdido vigor”, afirman estos responsables de la seguridad estatal. Saben que hay llamamientos a organizar “paros de país” tras el pronunciamiento del Supremo, previsto para la primera quincena de octubre. Y que se pueden producir cortes de carreteras y episodios de vandalismo callejero, pero hoy por hoy, no prevén situaciones extremas. "Puede haber elementos descontrolados que actúen de forma individual, pero una movilización masiva y organizada resulta impensable", añaden. 

Esa ausencia de preocupación es compartida por los jueces, tal como publicó este medio. Es precisamente el poder judicial el que, tras la sentencia del TS, estaría llamado a convertirse en diana de los agitadores independentistas. Pero en los últimos meses, el acoso a los edificios judiciales ha perdido intensidad. Hasta el punto de que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos --quien a finales de septiembre juzgará a Torra por desobediencia-- se puso en contacto con los Mossos hace cuatro meses para proponerles una reducción de los efectivos destinados a la llamada operación Toga, activada el pasado mes de febrero –se destinaron 400 agentes--, cuando los CDR lanzaron excrementos contra 22 juzgados como protesta por el inicio del juicio del referéndum del 1-O.

"Vigilar paredes"

En la actualidad, ese dispositivo se mantiene, entre otros motivos porque jueces y mossos discrepan sobre quién debe tomar la decisión, mientras los sindicatos critican esa labor consistente en “vigilar paredes” en un momento de escasez de efectivos y patrullas. Pero es que, además, “uno de los peores temores de la Consejería de Interior es que se repita la imagen de la Policía Nacional custodiando en exclusiva el Palacio de Justicia”, afirman esos mandos policiales.

En efecto, en octubre de 2017, Barrientos ordenó al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que asumiera la seguridad de ese emblemático edificio del paseo Lluís Companys ante la posibilidad de que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aplicara las leyes de ruptura. Posteriormente, esa orden se anuló y los Mossos volvieron a asumir la vigilancia del Palacio de Justicia. La situación actual es muy diferente, insisten estas fuentes, a aquellos convulsos meses.