Torra lanza los servicios jurídicos de la Generalitat contra España Global

El presidente del Govern, Quim Torra, ha anunciado que ha dado orden a los servicios jurídicos de la Generalitat para que “estudien las medidas” que sean pertinentes contra el documento que rebate las fake news del independentismo realizado por la Secretaría de Estado de España Global, encabezada por Irene Lozano. Mantiene que este informe “vulnera la directiva europea sobre la presunción de inocencia” y que incluso podría suponer un “delito de malversación”.

Para ello, solicitará el coste de su elaboración. El documento consta de 70 páginas y el Gobierno lo ha empezado a usar en sus contactos con representantes y periodistas extranjeros. Enfrenta las 45 tesis que mantienen los secesionistas para defender sus posiciones políticas y los hechos que han ocurrido en Cataluña y España desde la preparación del 1-O con un relato cronológico.

Hechos de 2017

Además de información detallada sobre los hechos de 2017, también aborda el juicio que ha tenido lugar en el Tribunal Supremo y el sistema judicial español. Multitud de datos y una sección de preguntas y respuestas sobre las reivindicaciones políticas de una parte de Cataluña.

Para Torra, todo ello comprende una “interferencia en el poder judicial” y “criminaliza el movimiento independentista”. Asegura que es especialmente lesivo porque se ha empezado a divulgar poco antes de la sentencia del Tribunal Supremo contra los políticos que promovieron el 1-O y la declaración simbólica de la república, la resolución que se espera en otoño. Algo que el propio documento enmienda, ya que deja claro que se elaboró antes de que concluyese el juicio. Se ha usado, por ejemplo, en el viaje que Lozano realizó en mayo a Berlín.

Temas que se rebaten

Entre otros, uno de sus 11 capítulos es El precio que Cataluña paga por el ‘procés’ e incluye varios apartados titulados: Una economía asustada, Una sociedad enfrentada, Acoso a los políticos o Malos tiempos para la libertad de prensa. También se rebate que el 1-O fuera un “referéndum democrático” al señalar la falta de garantías de la votación.

También destaca que la “ley es igual para todos” al explicar que un cargo electo puede ir a prisión y niega que en España existan “presos políticas”, que se les acuse por “poner urnas” o que en el país no haya una “verdadera democracia”. De hecho, destaca que todos los políticos en el país pueden defender de forma libre sus ideas como ocurre en el caso de Torra o de los mensajes que mandan los secesionistas desde la cárcel.

Delitos

“No es delito plantear la independencia de una comunidad o región sin estado en España”, indica el texto. “Pero sí es delito desobedecer al Tribunal Constitucional, aprobar leyes para derogar la Constitución y el Estatuto de autonomía, celebrar un referéndum ilegal y después proclamar la independencia de forma unilateral”, remarca.

Incluso apunta que “tan conscientes eran de ello algunos líderes secesionistas que huyeron de España”. De paso, pone como prueba de lo garantista que es el sistema español que no es posible en ausencia de los acusados, como sí ocurre en otros países.

Efectos del ‘procés’

Entre los efectos del procés, sostiene que ha provocado “menos crecimiento económico, más pobreza y más exilio laboral de jóvenes”; cifra en 5.350 las empresas y bancos “que han abandonado Cataluña desde octubre de 2017” y afirma que los “periodistas se han convertido en objetivo de los independentistas radicales”. Además de poner el acento en que “políticos no independentistas sufren a diario agresiones”, con citas a Albert Rivera, Inés Arrimadas o Xavier García Albiol.

No se trata del primer material que usa la Secretaría de Estado de España Global para rebatir las tesis independentistas.