Nuevo conflicto de competencias entre Gobierno y Generalitat. El Ministerio de Hacienda ha presentado un recurso contencioso contra el decreto catalán que regula las subastas públicas electrónicas de bienes embargados organizadas por la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Esta normativa emana del Código Tributario de Cataluña, aprobado hace dos años con vocación de convertir la hacienda catalana en una “estructura de Estado” con vistas a la independencia fiscal. La Guardia Civil investigó esta “ley de ruptura” en la que la Generalitat, concluyó, ha gastado 17 millones de euros. El pasado 19 de junio, la ATC convocó su primera subasta pública, actualmente en proceso de adjudicación.
La impugnación, que tramita la Sección segunda de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), está dirigida ante el decreto 41/2019, de 19 de febrero, de creación y funcionamiento de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la celebración de subastas públicas electrónicas por parte de la ATC.
"Vulneración de competencias del Estado"
“El motivo es que esta norma autonómica vulnera las competencias de gestión tributaria reservadas al Estado que contempla la Ley General Tributaria”, explican a Crónica Global fuentes del ministerio. La Generalitat no lo ve así e invoca, tanto las competencias que le atribuye los artículos 203 y 204 del Estatut, como el Código Tributario de Cataluña, aprobado en agosto de 2017.
Una oficina de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) / CG
Este Código ha sido uno de los ejes de investigación de la Guardia Civil en el marco del desafío separatista y bajo la premisa de que es el punto de partida de una “estructura de Estado” que busca la independencia fiscal catalana. Dicho de otra manera, el Código Tributario de Cataluña es una de las leyes de ruptura aprobadas en 2017 junto a las del referéndum y de la transitoriedad jurídica. Así, la Guardia Civil cifró en 17 millones el dinero gastado por el Gobierno de Carles Puigdemont para desplegar la administración tributaria de la futura república catalana, según la documentación incautada al exsecretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó. Ese dinero se distribuía de la siguiente forma: 200.000 euros para el desarrollo del Código Tributario; 7,8 millones para el despliegue de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal; 4,5 millones para el despliegue territorial de la administración tributaria y 5,95 millones en la implementación del sistema e-Spriu.
Decreto aprobado en febrero
En base a ese Código, la Consejería de Vicepresidencia aprobó en febrero de este año el decreto de creación y funcionamiento de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la celebración de subastas electrónicas por parte de la ATC.
“En los últimos años, la Generalitat ha asumido con sus medios humanos y técnicos la realización de las actuaciones de recaudación ejecutiva que anteriormente encomendaba a otras administraciones, haciendo un ejercicio efectivo de sus competencias originales o delegadas. Este recorrido hacia la plena cobertura del marco competencial con medios propios demanda la implementación de un sistema propio que permita la celebración de subastas electrónicas, informáticas y telemáticas de forma más eficiente como última fase del procedimiento de apremio, con la voluntad de garantizar la compleción y la calidad del servicio”, indica el citado decreto, ahora impugnado por el Ministerio de Hacienda.
Portal creado por la Agencia Tributaria de Cataluña para realizar subastas electrónicas de bienes embargados
En base a esa normativa catalana, la ATC convocó el pasado 19 de junio la primera subasta pública electrónica de bienes embargados. De esta forma, la Agencia daba cumplimiento al ciclo completo del procedimiento de recaudación ejecutiva de las deudas impagadas en período voluntario. “Un procedimiento que comenzó con el desarrollo del despliegue territorial competencial en 2017”, explicó la Consejería durante la presentación de Subhastes ATC, el nuevo portal creado para tal fin. En la misma se informa de los 13 lotes licitados, incluyendo el precio de salida. Incluyen tres plazas de aparcamiento, cuatro locales, un piso, dos casas, un terreno urbano y dos terrenos rústicos situados en varios municipios catalanes.