La Generalitat investiga ahora el idioma de los comerciantes barceloneses

En plena resaca por la tormenta que generó la fiscalización del idioma que los niños hablan en el patio escolar, la Generalitat anuncia ahora que intensificará su campaña de promoción del catalán en los comercios. El Departamento de Cultura no solo ha renovado su Pla Ofercat, con el que pretende fomentar el catalán en 4.525 comercios de diez ciudades del área metropolitana de Barcelona, sino que ha anunciado que este otoño pondrá en marcha la prueba piloto del programa Emmarca't Territorial. Su objetivo es impulsar este idioma entre 120 establecimientos de "alta notoriedad" en seis localidades.

La ofensiva, por tanto, pasa de los colegios –donde Plataforma de la Llengua, subvencionada por el Govern, analizó el idioma en el que juegan los niños en el recreo-- al sector comercial, donde la Generalitat mantiene sus multas lingüísticas. El reto que se ha marcado Cultura es aplicar esa promoción del catalán en 20.000 comercios de 26 ciudades en 2021.

Las ciudades elegidas este año son Cerdanyola, Manresa, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Reus, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet y Viladecans. A excepción de la localidad tarraconense de Reus y Manresa, el resto de municipios están situados en la conurbación barcelonesa.

Uso del catalán en comercios incluidos en el programa Ofercat de 2018 / GENCAT

El año pasado, Ofercat se llevó a cabo en otoño en Castelldefels, Cornellà, Mataró, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú. Los resultados, según explicó ayer la Generalitat, “reflejan una situación lingüística territorialmente diversa y, también, un claro interés de los comerciantes para adaptarse lingüísticamente a los clientes”. Esta conclusión se extrae de la comparación entre la lengua con la que inician la conversación cuando el cliente entra en la tienda y el grado de adaptación que muestran a la lengua del comprador.

Rotulación en los comercios incluidos en el proyecto Ofercat / GENCAT

En localidades como Vic y Vilafranca, el uso espontáneo supera el grado de conocimiento de catalán que hay en la población (con una media de 83 puntos sobre 100). En cambio, Mataró, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú y Terrassa (con una media de 52 puntos) presentan un uso espontáneo inferior al grado de conocimiento, fenómeno mucho más marcado en ciudades como Cornellà, Sant Boi de Llobregat, Castelldefels y El Prat (con una media de 23 puntos).

Dependientes extranjeros

El estudio muestra diferencias significativas en el uso oral de catalán entre los comercios regentados por personas nacidas en el resto de España y los que son regentados por extranjeros. Así, en cuanto a la lengua de identificación oral, los extranjeros tienen 49 puntos menos que los primeros y en la lengua de adecuación oral la diferencia es de 63 puntos. Por el contrario, en la rotulación identificativa, las diferencias son sólo de seis puntos.

Manuel Nevot, un empresario catalán que durante años luchó contra las multas lingüísticas, ante el Tribunal Constitucional / EFE

También hay diferencias según el tipo de establecimiento. Los que, según los estudios de la Generalitat, obtienen valores más altos son los mercados, seguidos por las tiendas a pie de calle, con valores altos en la rotulación identificativa y la lengua de adecuación. En cuanto a las grandes superficies, presentan valores altos en rotulación identificativa y en adecuación a la lengua del cliente. En los establecimientos de centros comerciales hay una situación similar.

Ofensiva en el ámbito empresarial

Ofercat se enmarca en la campaña "Català i empresa, ja estàs al dia?" (que impulsan la Dirección General de Política lingüística y el Consorcio para la Normalización lingüística) a favor del uso del catalán en el mundo empresarial y del trabajo, entre otras acciones.

Uno de los instrumentos que la Generalitat utiliza desde hace años para imponer el catalán en los comercios son las multas lingüísticas, que a pesar de estar prohibidas por el Tribunal Constitucional (TC), han aumentado. El año pasado se cursaron 78, lo que equivale a ingresos de 50.800 euros. La cifra supone un crecimiento respecto a 2017, cuando se impusieron 67, aunque entonces se recaudaron 75.700 euros.

En enero de 2018, el TC declaró inconstitucionales esas multas en una sentencia --la segunda-- sobre el Código de Consumo de Cataluña. El alto tribunal, recogiendo la jurisprudencia existente, señaló que, en el ámbito de las relaciones entre particulares --y a diferencia de lo que ocurre en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos-- no puede imponerse el uso de una de las lenguas oficiales.