Jueces, mossos y Generalitat, enfrentados ante el 'otoño caliente'

Diada, aniversario de la DUI, sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés… Sin duda, se avecina un otoño caliente desde el punto de vista política, pero también en el ámbito de la seguridad. ¿Hay que reforzar la seguridad en los edificios judiciales? Jueces, Generalitat y Mossos d’Esquadra mantienen discrepancias sobre quién debe decidir el mantenimiento, supresión o incluso refuerzo de la vigilancia en los edificios judiciales.

Los sindicatos denuncian que los agentes sigan “vigilando la pared” mientras muchos municipios catalanes se quedan sin patrullas para controlar la delincuencia, aunque admiten que pueden producirse episodios de conflictividad en septiembre. Los jueces aseguran que la decisión de retirar los efectivos de la llamada operación Toga depende de los Mossos, aunque afirman que, hoy por hoy, no existe preocupación entre los jueces ante ese otoño convulso.

Insuficiencia policial en Barcelona

El dispositivo Toga ha reaparecido como uno de los ejes del debate sobre la seguridad en Barcelona. La presión sobre los manteros y el control de la delincuencia ha obligado al Govern a destinar 300 nuevos agentes de los Mossos d’Esquadra a la Ciudad Condal, pero tanto el Govern como sobre todo la alcaldesa Ada Colau consideran insuficiente la cifra. De ahí que, de nuevo, se ponga en tela de juicio la necesidad de mantener los efectivos que vigilan “paredes”, así es como llaman los sindicatos destinados a custodiar edificios judiciales.

¿De quién depende la decisión de retirar ese dispositivo? La respuesta no es unánime. Mientras que los jueces aseguran que son los Mossos quienes deben calibrar esa permanencia, la Policía Autonómica afirma que es el poder judicial el que decide. “La evaluación del clima de inseguridad es de los Mossos”, explican a Crónica Global fuentes judiciales.

Lanzamiento de excrementos de los CDR

En febrero, cuando los Comités de Defensa de la República (CDR) lanzaron excrementos contra 22 juzgados como protesta por el inicio del juicio del referéndum del 1-O, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solicitó refuerzos en la vigilancia de los edificios judiciales. Se destinaron los 400 agentes, cifra muy exagerada según los sindicatos, que recordaron la endémica falta de efectivos y los riesgos de reducir las patrullas que circulan por las calles. No se fijó una fecha límite de ese dispositivo. La acción de los CDR venía precedida de los escraches al juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés.

“Se convocó al jefe de los Mossos con la finalidad de saber si se habían abierto diligencias de investigación sobre ese tipo de ataques, pero nada se comunicó. Fue entonces cuando se pidió la protección ‘presencial y permanente’ de todas las sedes de los 49 partidos judiciales”, añaden estas fuentes, que recuerdan que, en mayo, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, volvió a convocar a los Mossos para sugerir que se modificara el dispositivo, ante la percepción de que el riesgo de nuevos ataques se había reducido.

Reducción de efectivos

En efecto, el 7 de mayo, la sala de gobierno del TSJC resolvió que, “sobre la base de que no han desaparecido completamente las amenazas de hostigamiento que en su día motivaron la orden, se constata que han transcurrido tres meses de un escrupuloso y efectivo despliegue policial por parte de agentes de los Mossos en su cumplimiento”, por lo que “buscando una mejor optimización de los recursos públicos, se propone a la Sala de Gobierno la oportunidad de rebajar la intensidad de la vigilancia policial presencial durante las horas de apertura de las oficinas judiciales (de 8 a 15 horas en días laborales), por tratarse de un marco horario de elevado trasiego de personas en el entorno de las referidas sedes judiciales, lo que puede suponer de por sí un poderoso factor disuasorio de cualquier acción perturbadora de su funcionamiento, caracterizadas hasta ahora por la nota de clandestinidad, sin perjuicio del mantenimiento del mismo diseño y la actual dimensión de los dispositivos durante las restantes horas y todos los días no laborables”.

El acuerdo se comunicó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la Consejería de Justicia, a la Fiscalía, a los presidentes de las cuatro audiencias provinciales y a los jueces decanos, que expresaron su conformidad. La vigilancia se mantiene ante la sede del TSJC, la Ciudad de la Justicia y una decena de edificios judiciales.

Los sindicatos, a favor de la supresión total

Pese esa reducción, los sindicatos policiales exigen la supresión total del dispositivo Toga, aunque admiten que se espera un otoño caliente. “Continuar vigilando la pared cuando no hay revueltas sociales no tiene sentido. Hay poblaciones como Sant Vicenç del Horts y Sant Feliu donde solo hay una patrulla sin ningún mando al frente. Obviamente, la Diada o la sentencia del procés son situaciones de riesgo. Entonces se puede volver a reforzar la vigilancia en los juzgados”, indican fuentes de SAP-FEPOL.

Admiten que, en efecto, las celebraciones soberanistas son cada vez más numerosas --el 6-7 de septiembre (aprobación de las leyes de ruptura), el 26 de septiembre (aprobación de la DUI)...-- auguran un aumento de la conflictividad, que también es alentada por la nueva dirección independentista de la Cámara de Comercio de Barcelona, que propone un "paro de país" tras la sentencia del 1-O. Una percepción que contrasta con la de los jueces. “No hay ningún espíritu preocupante dentro del TSJC de cara a septiembre”, afirman portavoces judiciales. No obstante, no bajan la guardia.

El dispositivo se mantiene

Mientras tanto, la operación Toga se mantiene, sin que esté prevista por ahora su eliminación, explican a este medios fuentes de la Consejería de Interior. Sin novedades en ese sentido, afirman que son los jueces los que deben decidir si se suprime ese dispositivo.

Aunque por motivos más políticos, el colectivo de Mossos Guilleries dio la bienvenida al nuevo jefe de la policía autonómica, Eduard Sallent, instándole a adoptar, como primera medida, la abolición del servicio Toga.

Por su parte, el sindicato USPAC pidió el viernes al TSJC que permita a los Mossos cancelar la operación Toga. En un carta enviada a Barrientos, afirman que se destinan 300 mossos a vigilar los juzgados, lo que merma la vigilancia en poblaciones de Tarragona, por ejemplo. En una comparecencia parlamentaria celebrada en julio, la consejera de Justicia, Ester Capella, afirma tildó de “absolutamente injustificado y desproporcionado” el dispositivo.