Torra premia al publicista que 'se mojó' en el referéndum

"Ochenta mil euros. Tirados. Yo no los tengo todos los días, pero si los pierdo me da algo". Así de expresivo de mostró el fiscal Jaime Moreno en el juicio sobre el referéndum del 1 de octubre celebrado en el Tribunal Supremo (TS), tras escuchar las explicaciones de Ferran Burriel, directivo de la agencia Nothingad Comunicació. El publicista prestó declaración como testigo en la vista oral, donde aseguró que renunció a cobrar 80.440 euros por una campaña que realizó para la Generalitat en marzo de 2017 sobre el registro de catalanes en el exterior. Su gesto se vería recompensado un año después con un contrato de 2,4 millones de euros.

El testimonio de Burriel era clave para demostrar el delito de malversación, cifrado en unos tres millones por la Fiscalía y que las defensas intentaron desmontar alegando que determinados gastos atribuidos al 1-O no fueron finalmente abonados a los proveedores porque se suspendió su pago, se devolvieran facturas o se renunció a su cobro por parte de los proveedores. Burriel explicó que emitió una factura negativa.

Un año después, la Generalitat otorgaba a la UTE Kardumen Grau Clotet, SL y Nothingad Comunicació SL un contrato por valor de 2.463.935 euros para la “realización de los servicios de gestión e inserción en internet de anuncios y contenidos informativos de diversas campañas de publicidad institucional y de acciones puntuales de comunicación”, según el contrato al que ha tenido acceso Crónica Global.

Entre esas acciones figura la contratación, por parte de la Dirección General de Difusión, de espacios publicitarios el 1 de octubre de 2018 --primer aniversario del referéndum-- por un valor total de 15.927 euros. Los más beneficiados fueron La Vanguardia (3.600 euros), Vilaweb (3.150) y El Nacional.cat (2.950). Así consta en la respuesta que el vicepresidente Pere Aragonès dio al diputado de Ciudadanos Ignacio Martín Blanco, que indagó sobre esos contratos.

Nothingad, agencia creada hace diez años, ha realizado numerosas campañas para la Generalitat, pero también para el Área Metropolitana de Barcelona y la Diputación de Barcelona, entre otros organismos públicos.

En el juicio del TS, tres peritos de Hacienda y otra de la Intervención General del Estado se mostraron muy firmes respecto a esa supuesta malversación: cuestionaron el testimonio de los testigos que aseguraron que sus encargos, o nunca fueron pagados, o renunciaron al cobro a consecuencia de las prohibiciones del TC o emitieron facturas negativas.

"¿Dan el dinero por perdido? ¿No lo han reclamado judicialmente?", preguntó el fiscal. "No", respondió Burriel. "¿Y han seguido trabajando con la Generalitat después de esto?", insistió el representante del ministerio público. "Sí", confesó el publicista con una media sonrisa.