Todas las empresas y lobbies que sacaron tajada del ‘procés’

¿Quién se benefició de la organización del referéndum del 1-O? La investigación abierta en el Tribunal de Cuentas incluye documentación, a la que ha tenido acceso Crónica Global, donde aflora un largo listado de empresas, observadores y lobbies que se beneficiaron económicamente de la logística de esa votación ilegal.

Este órgano fiscalizador acaba de dictar un auto en el que ordena seguir adelante con las investigación sobre la responsabilidad contable del equipo de Gobierno de Carles Puigdemont. Se trata de un procedimiento paralelo al penal que el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y las asociaciones denunciantes --Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana-- ve jurídicamente factible. No así la Generalitat, que pidió el archivo, ahora desestimado por la consejera de este órgano, Margarita Mariscal de Gante.

El andamiaje del referéndum

Los informes que obran en su poder describen el andamiaje del referéndum ilegal, es decir, la logística desplegada por el Govern en forma de webs, material electoral, publicidad institucional y propaganda internacional, entre otros, para los que la Generalitat contrató a una serie de empresas y personas.

Unipost SA, por su parte, facturó 979.661,96 euros a los departamentos de Cultura, Vicepresidencia, Salud, Trabajo y Presidencia en concepto de suministro de papeletas, censo electoral y citaciones a personas integrantes de las mesas electorales. Los administradores de Unipost posteriormente anularon las mencionadas facturas.

Carteles del 1-O

Desde el Departamento de Presidencia, si bien se efectuó dicho encargo simulando que el pedido se efectuaba a través de Òmnium Cultural, se encargó la confección de carteles a tres sociedades: Artiplan, Marc Martí y Global Solutions por un valor de 38.431,20 euros.

Ya en materia de relaciones exteriores, la delegación de la Generalitat en Estados Unidos firmó el 15 de agosto de 2017 un contrato con la consultora S.G.R. Government Relations and Lobbying, registrado en el registro FARA del Departamento de Justicia de EEUU por el que, previo pago de 60.000 euros, durante tres meses prorrogables, ésta se comprometía a facilitar encuentros con medios de comunicación, cámaras de comercio, organizaciones y funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo para la realización de “actividades políticas” de difusión.

Una docena de observadores

Especial atención presta la investigación a una docena de observadores internacionales invitados por el Govern. Diplocat, órgano dependiente de la Generalitat que la Fiscalía define como un “cuerpo diplomático paralelo”, asumió sus gastos de desplazamiento, alojamiento y alquileres de despachos ya que parte del trabajo se realizó en Barcelona. Estos gastos ascendieron, en concepto de honorarios a un total de 114.592,50 euros y en concepto de gastos de alojamiento, viajes y otros, un total de 62.712 euros.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra (c); el consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch (i); y la directora del Diplocat, Laura Foraster (d) / DIPLOCAT

El presidente de la Generalitat, Quim Torra (c); el consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch; y la directora del Diplocat, Laura Foraster

Asimismo, Diplocat contrató a MN2S Management Limited, compañía británica que se dedica principalmente a representar a actores y artistas en espectáculos en vivo, DJs y personas célebres. Ambas partes concertaron el 5 de septiembre 2017 la presencia el 1 de octubre de un grupo de observadores y expertos cuyos honorarios, vuelos y alojamientos ascendieron a 54.030 euros, pagados por Diplocat. MN2S acabó devolviendo el dinero.

Una web para incentivar el voto

También Diplocat pagó a dedo por la promoción de la web Cataloniavotes.eu un total de 11.358,04 euros a la empresa Editorial de Prensa Periódica ARA SL, sin que mediara concurso, a pesar del volumen de la cantidad. Asimismo, Batabab Grupo Cultura recibió 17.217,50 euros por dos vídeos divulgados en dicha página web.

El anuncio del referéndum del 1-O difundido por la CCMA

El anuncio del 1-O difundido por la CCMA

Crucial fue en el referéndum la publicidad institucional. El departamento de Presidencia adjudicó a Havas Media Group un contrato para la inserción publicitaria en prensa escrita de una conferencia sobre el 1-O en diversos medios internacionales por un valor de 127.810,57 euros.

Asimismo, los contratos de Presidencia asociados a la campaña Registro de Residentes en el Exterior se suscribieron con las empresas Estudi Dada SL por 10.829 euros, UTE Kardumen-Nothingad Comunicació, 97.332,63 euros, y Focus Media SL, por 158.344,41 euros.

Además, Teresa Guix Requejo, autónoma que trabaja habitualmente para la Generalitat, cobró distintos trabajos, y en concreto, la suma de 2.700 euros por diseñar la página pactepelreferendum.cat, necesaria para inscribirse en el registro.

La Generalitat pidió el archivo

La Generalitat pidió el archivo tras alegar que ya existen otros procedimientos penales abiertos en los que se analizan idénticos hechos, algo de lo que discrepa la Fiscalía, que invoca la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la compatibilidad de la jurisdicción contable y la penal. Los abogados del Gobierno catalán niegan la mayor, es decir, la existencia de irregularidades contables.

Las dos asociaciones denunciantes, Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, representadas por los letrados Manuel Zunón y Manuel Miró, acusan al expresidente Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras, así como a otros doce antiguos consejeros del Govern, de “destinar fondos públicos de la Generalitat que estaban a su cargo por un importe no inferior a 1.971.601,20 euros a financiar el referéndum de secesión abiertamente ilegal que se celebró el 1 de octubre de 2017, y que ellos mismos habían convocado por decisión colegiada y solidaria mediante decreto del Govern 139/2017, de 6 de septiembre de 2017”. Además, los denunciantes afirman que “con su actuación ocasionaron un perjuicio directo a los fondos públicos estatales no inferior a 87.103.355,05 euros”, relativo al dispositivo policial que el Estado desplegó para impedir el referéndum.