El gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona entre 2015 y 2019 no consiguió aprobar ni unas cuentas: prorrogó dos presupuestos y aprobó otros dos por moción de confianza. Ello sigue coleando ahora, con el inicio del nuevo mandato, cuando Barcelona en Comú, partido de la alcaldesa, está bajo presión por las tensiones de tesorería derivadas de la última decisión: el calco del último cálculo de gastos e ingresos para 2019.
Fuentes de la oposición municipal han detallado que la gresca permea hasta las capas técnicas de la administración municipal. ¿Cómo? "Se trata de tensiones entre áreas de la institución por el presupuesto del año en curso. No se repiten las dificultades del ejercicio anterior --cuando los comunes se vieron obligados a recortar, o "reprogramar", en argot propio--, pero hay follón. Porque el presupuesto está prorrogado y no cubre todo el gasto e inversiones que piden los distintos departamentos", han explicado. Estas tensiones habrían aterrizado sobre la mesa de la concejal Montserrat Ballarín (PSC), edil de Hacienda, pero no fueron ni mucho menos generadas por la socialista, que acaba de tomar posesión. "El cálculo de gastos e ingresos lo hizo BComú en 2018. Las tensiones a nivel técnico, ahora, son atribuibles a los comunes, que fueron incapaces de concitar apoyo para aprobar las cuentas en diciembre de 2018", han agregado las mismas voces.
Ayuntamiento: "Seguimos igual"
Preguntada por la cuestión, una portavoz del Ayuntamiento de Barcelona se ha limitado a señalar que el ejecutivo local "sigue igual, con el presupuesto prorrogado". Este punto no son nuevas noticias, sino que es así desde diciembre de 2018, cuando el gobierno local de los comunes no convocó la comisión extraordinaria que debía haber reunido a los grupos municipales y haber sometido a aprobación inicial el expediente de las cuentas de 2019. Con ello, se prorrogaron las de 2018, que pasaron el corte, a su vez, por una cuestión de confianza presentada por la alcaldesa que tuvo lugar en febrero de aquel año.
Este escenario no se ha alterado a lo largo de 2019, cuando el BComú podría haber tratado de buscar consenso y aprobar unas nuevas cuentas. Cierto es que la celebración de las elecciones municipales del 26 de mayo impidió cualquier acercamiento entre grupos municipales, como es evidente. No es menos cierto que la propuesta de presupuestos municipales que presentó el entonces primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, contemplaba una partida de 140 millones de euros en su capítulo de ingresos que dependía de la aprobación de las cuentas del Estado y de la Generalitat de Cataluña. El "triple acuerdo" que citó Pisarello no vio la luz, ya que ambas administraciones prorrogaron también sus cuentas. Como consecuencia de esto, los técnicos municipales se han encontrado con previsiones de gasto que no pueden cubrir, según han explicado las mismas fuentes.
Pisarello ya desequilibró las cuentas
El regalo de Pisarello al nuevo gobierno municipal es, en cierta manera, una forma de llover sobre mojado. El otrora máximo responsable de la tesorería local ya desequilibró el presupuesto de 2018 al hinchar las previsiones de ingresos. Hace exactamente doce meses que el PSC cifró en 107,5 millones de euros el ajuste presupuestario que debería realizar el ejecutivo de Barcelona en Comú el ejercicio precedente. El diferencial se explicaba por los criterios --erróneos-- de estimación de recaudación por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y la plusvalía.
Meses después y tal y como recogió Metrópoli Abierta, el PSC denunció en enero de 2019 que Colau y los suyos deberían ajustar 118 millones para el ejercicio en curso, cifra que se desprendía de la brecha entre una recaudación prevista de 1.061 millones de euros a 30 de noviembre frente a una liquidación real de 819 millones. Ahora, siete meses después y con el nuevo gobierno ya constituido, el área técnica de Hacienda se desgañita para conservar el gasto corriente y las inversiones y evitar los recortes, insisten fuentes de la oposición. Es ello o aprobar un nuevo presupuesto para el ejercicio actual. Queda todo el año y ahora sí podría Colau hallar consenso.