La racanería de Torra asfixia a los funcionarios de justicia

Golpes de calor, desmayos en pleno juicio, temperaturas de 34 grados a las ocho de la mañana, quejas ante la oficina de atención al ciudadano… En estas condiciones trabajan los funcionarios en los Juzgados de Gavà (Barcelona), donde la Generalitat lleva años escatimando el arreglo del aire acondicionado porque cuesta 40.000 euros. “Cada año pasa lo mismo. Ahora nos dice la Consejería de Justicia que, en tres semanas, lo arreglarán, pero no podemos trabajar en estas condiciones”, explica a Crónica Global un trabajador de estas dependencias judiciales, donde se han alcanzado los 38 grados, según denunciaron ayer los sindicatos STAJ, CSIF y CCOO. “Temperaturas insoportables”, fue la expresión utilizada.

Una situación similar se ha vivido estos días en Sabadell (Barcelona), donde en junio de 2017, la Inspección de Trabajo cerró ocho plantas del edificio de los juzgados porque la temperatura superaba los 27 grados desde hacía días por una avería en el aire acondicionado. "Denunciamos la situación ante la Inspección porque los compresores de las dos máquinas de aire reventaron. Es algo recurrente que ocurre en los edificios más antiguos. Hay una gran dejadez", explica la delegada de Prevención de Riesgos Laborales del sindicato STAJ, Reyes Salazar. Explica que, en mayo, la Generalitat aseguró que la situación ya estaba arreglada y que incluso tienen dos compresores de reserva, pero ha vuelto a ocurrir".

"Nos traen ventiladores que mueven el polvo"

“La normativa laboral indica que no se puede trabajar con 27 grados de temperatura. El Govern nos ha traído ventiladores, pero no es la solución, porque mueven el polvo y eso provoca dolores de garganta”, explica ese mismo funcionario de Gavà. El Departamento de Justicia ha distribuido unas instrucciones entre los trabajadores en las que, básicamente, se insta a beber mucha agua. "Pero eso no es suficiente. En los calabozos, donde había detenidos quejándose, la situación era insoportable. En muchos edificios, las ventanas no pueden abrirse y eso provoca un efecto invernadero", explica Reyes Salazar.

La asfixia laboral que estos días sufren los funcionarios ejemplifica el deterioro existente en numerosos edificios judiciales que dependen de la Generalitat, que alega problemas presupuestarios para negar o, en el mejor de los casos, demorar el mantenimiento exigido. Pero es que, además, existe un importante agravio comparativo en materia de personal. Jueces y letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), personal no transferido y dependiente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y del Ministerio de Justicia, están eximidos de cumplir sus deberes judiciales mientras no se repare el sistema de refrigeración de los edificios judiciales.

Por el contrario, los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial transferidos a la Generalitat no tienen esta dispensa y solo se les permite trabajar dos horas seguidas y descansar 15 minutos. “Pero esa no es la solución. Nosotros proponemos trabajar de nueve de la mañana a dos de la tarde, pero que esas cinco horas sean cubiertas en turnos rotativos. No pretendemos dejar de trabajar, porque luego se nos acumula el trabajo”, explica a este medio Eduardo Presa, delegado del CSIF en la Administración de Justicia. Argumenta que, “hace varias semanas que los funcionarios trabajan en estas condiciones en estos juzgados, pero con la ola de calor, se ha agravado más la situación”. Presa reprocha al Govern que no invierta en el mantenimiento de unos edificios donde “hay cucarachas y suciedad” y así lo denuncian”.

Filtración de agua en Martorell

De esa precariedad da cuenta lo ocurrido hace dos meses en los Juzgados de Martorell (Barcelona), donde la Comisión Permanente del CGPJ suspendió la actividad de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 5 por el mal estado de sus instalaciones. Los días 16 y 17 de febrero se produjo una filtración de agua que provocó la caída de unos falsos techos sobre el mobiliario de los puestos de trabajo de varios funcionarios, provocando la interrupción de la actividad.

La incidencia reveló "un estado de deficiencia grave e intolerable que afecta a los edificios de todos los juzgados del Partido Judicial", según la Comisión Permanente, que recibió informes de los equipos de prevención de riesgos laborales del CGPJ, la Consejería de Justicia de la Generalitat, el jefe de operaciones de los Bombers de la Región de Emergencias Metropolitana Sur y la Inspección de Trabajo.

“Otros edificios judiciales como Mollet del Vallès o Rubí presentan un deficiente estado de conservación y de adecuación a la función judicial y otros como Sabadell tienen problemas de climatización en verano”, advertía Jueces para la Democracia el pasado 1 de marzo en un comunicado.

“Estado de los Juzgados de Rubí. Justicia de calidad: humedades en techos y paredes, falta de espacio para colocar expedientes, pintadas sin cubrir después de un mes...#aquínohayquienjuzgue”, denunciaba la Asociación Profesional de la Magistratura en las redes sociales.

Traslados previstos

Los funcionarios de Martorell tendrán que esperar a 2024 para experimentar una mejora en sus condiciones laborales, ya que es en esa fecha cuando está prevista la puesta en marcha de un nuevo Palacio de Justicia, donde se agruparán todas las dependencias de la ciudad y se resolverán las carencias actuales. La consejería ha invertido ocho millones de euros y las obras comenzarán en julio de 2022, según asegura el Govern.

Más inmediato es el traslado de los Juzgados de Mollet a Can Fàbregas, previsto para este verano pues, según admite la Generalitat, las dependencias actuales no reúnen las condiciones necesarias para prestar un buen servicio a los ciudadanos.

Esta es la situación laboral que se vive en los juzgados catalanes, la administración que más se resiste a la penetración del independentismo. La falta de tradición opositora siempre ha provocado una gran movilidad, lo que, unido al procés, favorece la fuga de funcionarios. Pero es que, además, los trabajadores judiciales dependientes de la Generalitat son los peor pagados de España.

Que la justicia es un territorio vedado para el secesionismo quedó demostrado el pasado 19 de junio, cuando el sindicato de Carles Puigdemont, la Intersindical CSC, no obtuvo representación en las elecciones sindicales en la Administración de Justicia, al no alcanzar el 5%, que es el mínimo legalmente exigido. Por el contrario, STAJ logró el mayor número de delegados (36), seguida de CSIF (23), CCOO (16), UGT (6), ASIJ (5) y JyP (3).