Costaba entender por qué el Govern se empeñó en presentar ante el pleno del Parlament un decreto sobre la regulación de los precios de los alquileres condenado al fracaso. Máxime cuando, dos meses antes, el consejero de Territorio, Damià Calvet, había retirado otro decreto sobre vivienda al carecer de apoyos parlamentarios.
Pero tras el debate y votación, efectivamente contraria a esa norma, la reacción furibunda de ERC contra los comunes explicó muchas cosas. El rechazo de Catalunya en Comú-Podem al decreto, presentado por la republicana consejera de Justicia, Ester Capella, permitió a esta formación arremeter contra quienes impidieron a Ernest Maragall gobernar la ciudad de Barcelona. Había llegado el momento de la venganza. Y la Cámara catalana era un escenario perfecto.
“Tomamos nota, no se le ocurra tenderme la mano”, avisó el alcaldable durante la toma de posesión de la primera edil el pasado 15 de junio. Fue el propio Maragall, ganador de las elecciones municipales pero vetado por un pacto entre Colau y PSC apoyado por Manuel Valls, quien compareció ante los medios para reprochar a socialistas y comunes el rechazo al decreto ley, una postura a su juicio "conservadora y claramente alejada de la función transformadora que estas izquierdas pregonan".
Maragall acusó a esas formaciones de haber "decidido que es mejor que el mercado siga mandando sin ninguna limitación".
De esta forma, el concejal republicano golpeó donde más duele a la alcaldesa de Barcelona, otrora activista antidesahucios cuyo primera mandato finalizó sin avances significativos para atajar esa emergencia social.
Previamente, Junts y ERC –las únicas que avalaron el decreto catalán frente a la oposición de PSC, comunes, PP, Ciudadanos y CUP— habían criticado el decreto de vivienda impulsado por PSOE y Podemos en el Congreso, pues en el mismo no se regulan los precios. Los independentistas tildaron de "quintacolumnistas del Estado" a los partidos que invocaron la invasión de competencias que contempla el informe del Consejo de Garantías Estatutarias, no vinculante pero que cuestiona la legalidad de la nueva norma autonómica, presentada en plena campaña de las elecciones municipales, esto es, a la medida de las necesidades de Maragall.
"Los comunes impiden una medida social urgente"
Su equipo se volvió a activar con la distribución de datos con los que subirle los colores al grupo de Colau. “El precio del alquiler en Barcelona ha crecido un 40% en cinco años”, recordaba la coalición municipal formada por ERC y Nova (liderada por la exdirigente de los comunes Elisenda Alamany, quien abandonó el partido por sus diferencias con Ada Colau). El verdadero zasca venía a continuación: “Limitar el precio de la vivienda es una emergencia, el Parlament podría haber aprobado un decreto ley para regular por primera vez el precio impidiendo los alquileres abusivos; los comunes han votado en contra del decreto de regulación de los alquileres e impiden una medida social urgente”, rezaba el grafismo distribuido entre los medios.