El juicio del 'procés', visto para sentencia tras 52 jornadas y más de 400 testigos

“Esto es todo, visto para sentencia”. A las siete de la tarde, el magistrado Manuel Marchena ha puesto fin al juicio que durante exactamente cuatro meses --arrancó el pasado 12 de febrero-- ha sentado en el banquillo a los 12 líderes independentistas que impulsaron la estrategia dirigida a proclamar la República catalana. Hasta 52 sesiones, 19 semanas, más de 420 testigos y una docena de peritos constituyen las principales cifras de una vista oral que en su última jornada ha contado con la presencia, entre otros, del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el del Parlament, Roger Torrent.

La expectación en el Tribunal Supremo era máxima, como lo atestiguaban, pasadas las nueve de la mañana, las colas para acceder al edificio de la plaza de la Villa de París y la aglomeración de cámaras y periodistas a las afueras del antiguo Palacio de las Salesas. Por la tarde, la afluencia ha ido en aumento. No era para menos dado que, tras la exposición de los informes finales de las acusaciones y las defensas, los acusados disponían del derecho a la última palabra y las dudas en torno a si harían uso del mismo sobrevolaban el salón de plenos donde se desarrollaba el juicio. Y no han perdido la oportunidad de expresarse.

Santi Vila, exconsejero de Empresa de la Generalitat, en el Tribunal Supremo / EFE

Después de que la defensa del exconsejero de Empresa Santi Vila, en una intervención de menos de media hora, pusiera fin a la última fase de la vista oral desmarcándole, de nuevo, de la deriva secesionista, el presidente del tribunal concedía la palabra a los inculpados en virtud del artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Eran las 16.28 horas y el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras ha sido el primero en tomar asiento frente al estrado, posando sobre la mesa los varios folios con los que ha acompañado su parlamento.

Tesis antagónicas

Pero antes de que los procesados diesen inicio a más de dos horas de alegatos a favor de la autodeterminación, apostasen por dar una salida “política” del conflicto catalán y apoyasen buena parte de sus parlamentos en reflexiones de Hannah Arendt, Salvador Espriu, Plutarco y Sócrates, cuyas citas han ocupado buena parte de los parlamentos, las defensas debían culminar su trabajo en una vista oral en la que han intentado por todos los medios alejar el fantasma de la rebelión. Nuevamente se han visualizado las tesis antagónicas entre los abogados de los inculpados y las acusaciones, especialmente la manejada por la Fiscalía.

Pero la jornada también ha servido para mostrar hasta qué punto un mismo bloque de defensas puede verse partido en dos --e incluso en varias partes--. Si el letrado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha intentado hasta el último momento desmarcarla del altar independentista, el de Santi Vila ha comenzado su alocución pisando fuerte.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento de Cataluña, en el Tribunal Supremo / EFE

La voz de Vila, figura discordante en el procés, en la fase de exposiciones finales, ha sido Juan Segarra, el último de los abogados que ha intervenido en el juicio antes de que Manuel Marchena cediese la palabra a los reos. Y ha marcado distancias respecto al resto de sus compañeros de estrado encargándose de recriminar a las acusaciones de “pecar de inconcreción” y no individualizar la conducta de cada uno de los reos. Vila continúa caminando solo.

Vila, frustrado

Tras reprochar el papel de la Fiscalía a la hora de determinar los hechos enjuiciados, Segarra daba un paso más allá y aseveraba que su defendido dimitió “frustrado por no haber podido sellar solución dialogada” entre el Gobierno central y la Generalitat en el marco de un contexto “de divergencia constante”. “No tener presente esto es desconocer pretendidamente la realidad”.

“Santi Vila no era diputado y no se veía compelido por las decisiones del Parlamento, de las que era ajeno”, ha abundado Segarra, quien ha buscado desvincular a su patrocinado del núcleo de decisiones del procés, con las que mostró su desacuerdo y por las que dimitió el 26 de octubre de 2017, apenas unas semanas después de la celebración de la consulta ilegal y un día antes de que la Cámara autonómica diese luz verde a la DUI.

Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo de la Generalitat, en el Tribunal Supremo / EFE

Más comedido en su intervención ha sido Mariano Bergés, abogado de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa. En su opinión, y en la línea de lo manifestado por el resto de defensas, los hechos enjuiciados “se han sobredimensionado”, lo que ha llevado a las acusaciones a emitir interpretaciones “forzadas” de los mismos. Es por ello que asevera que no se produjo un delito de rebelión, que requeriría “un alzamiento en un momento concreto mediante el uso de la violencia”. “El sillazo [uno de los episodios que se vivieron ese día y que afectó a un agente] no pone en jaque el orden constitucional”.

El abogado de Bassa, reposado

Tranquilo y reposado en su parlamento, Bergés era escuchado con sumo interés por parte de sus compañeros de estrado, quienes seguían con atención una alocución pausada pero firme en su intento por desvirtuar la supuesta comisión de un delito de rebelión: “Se mire por donde se mire, la actuación de los acusados no era capaz de modificar la voluntad del Estado”. Y al igual que la mayor parte de las defensas, asevera que si se produjeron episodios de hostilidad fueron los causados por la actuación “desproporcionada de algunos grupos policiales”.

No sólo eso. El letrado ha sido tajante al manifestar que las votaciones “no supusieron un peligro grave para el sistema constitucional ni alteraron las instituciones básicas del Estado”, como tampoco Bassa --quien se enfrenta a una petición de 16 años de prisión por un delito de rebelión con malversación-- instó al alzamiento tumultuario, llevó a cabo conducta alguna dirigida a poner en jaque el sistema ni comprometió el patrimonio público en aras de la celebración de la consulta.

Abrazos al término de la jornada

La jornada que ha puesto fin a uno de los juicios más importantes y decisivos de la democracia iba ganando en interés cuando se acercaba el turno de palabra de los nueve acusados presos y los tres que se encuentran en libertad provisional. Al contrario que en otros grandes juicios en los que los inculpados eludieron tomar la palabra, la comparecencia final de la cúpula del procés parecía necesaria. Para entonces se había sumado a la presencia de las autoridades una delegación de ERC entre cuyos miembros se encontraba el diputado en el Congreso Gabriel Rufián.

Cuando Marchena ha declarado concluido el juicio con un lacónico “visto para sentencia” que contrasta con su habitual verborrea, el sosiego se ha reflejado en el rostro de todos las partes pero, principalmente, de los procesados tras cuatro meses desplazándose de prisión al salón de plenos del Supremo. A la salida de la sala, los abrazos y los apretones de manos eran continuos, principalmente por parte del exconsejero de Justicia Carles Mundó, uno de los inculpados que se encuentran fuera de la cárcel y cuya presencia en los pasillos ha sido continua en los recesos a lo largo del juicio. También ha sido el más conversador. También los tuits se han sucedido, tanto de apoyo a los acusados como de crítica al papel desplegado por ellos. El discurso de los 12 procesados no les ha reconciliado con las voces más críticas del procés, cuya sentencia prevé conocerse pasado el verano.