Una sentencia del Tribunal Constitucional prohibe este soft power del independentismo. Pero la Generalitat mantiene su actividad. Se trata de la llamada diplomacia cultural, pilotada por un fugado de la Justicia, Lluís Puig.

Por ello, la diputada de Ciudadanos, Susana Beltrán, defenderá hoy en la Comisión de Acción Exterior del Parlament una propuesta de resolución en la que se pide el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la inmediata retirada de las referencias a la diplomacia cultural de la página web del Govern.

Página web de la Consejería de Cultura donde se alude a la diplomacia cultural / CG

En el texto, que será sometido a votación, Cs recuerda que la diplomacia cultural que contempla la Ley del Parlament de Acción Exterior y de Relaciones con la UE fue declarada nula por el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia del 22 de diciembre de 2016. Pese a ello, la página web de la Consejería de Cultura indica que “la diplomacia cultural es hoy una herramienta básica para estructurar cualquier tipo de estrategia de acción internacional”. Este departamento “despliega su diplomacia cultural a través de la creación y la preservación de relaciones bilaterales, sean con Estados u otras entidades territoriales, y multilaterales, siguiendo las líneas de actuación y prioridades marcadas por el Gobierno de Cataluña”.

Al frente de esa diplomacia cultural está Lluís Puig, quien en agosto de 2018 fue nombrado director del Programa para el Desarrollo de Proyectos culturales de ámbito internacional. Su sueldo asciende a 87.270 euros. Exconsejero de Cultura, se fugó al igual que Carles Puigdemont a Bruselas para eludir los encarcelamientos derivados de la organización del referéndum ilegal del 1-O. Poco se sabe de su agenda, pues según el Govern, los cargos eventuales no están obligados a explicar su actividad diaria.

La diputada de Ciudadanos Susana Beltrán, quien ha pedido el amparo de la UE ante la opacidad del Govern / CG

El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización sobre los recursos asignados a la ejecución de las políticas de Acción Exterior de Cataluña (ejercicios 2011-2017) abundó en ese soft power que supone para el ejecutivo independentista esa diplomacia cultural. “La explicación del interés por la celebración de actividades que inciden principalmente en el ámbito cultural puede encontrarse en una mención que hace el delegado de Italia en la memoria anual de 2016, cuando señala que ‘la cultura se ha demostrado como un soft power muy útil para generar interés y empatía hacia nuestro país. Por esta razón se han priorizado actividades del tipo cultural que permiten eludir la interferencia de la embajada española y permitieron contar con la asistencia de destacados políticos italianos'”.

Por todo ello, Cs propone exigir a la Generalitat el cumplimiento de las resoluciones judiciales, y en concreto de la sentencia del TC; y que “retire inmediatamente” de la citada página web las referencias a la diplomacia cultural. Asimismo, insta a que el Govern remita al Parlament un informe escrito en el plazo máximo de tres meses en el que el departamento de Acción Exterior exponga la adecuación de las actividades culturales con proyección exterior al fallo del TC.

La formación naranja también cree necesaria una comparecencia anual en la Cámara catalana del consejero de Exteriores, Alfred Bosch, para que informe de esas actuaciones culturales.