“Menos politización y más recursos. Los Mossos estamos en quiebra”. Es el SOS lanzado por los agentes de la policía autonómica que, desde ayer, y de forma sorpresiva, tienen un nuevo jefe, Eduard Sallent, más soberanista y menos técnico que su precedesor, Miquel Esquius. A ese relevo inesperado y que inquieta a los mossos se unió ayer una carta del director general de la Policía, Andreu Joan Martínez, quien hizo balance de su primer año en el cargo. Sus alusiones a una “policía con ADN propio” y “arraigada en el país”, que debe su legitimidad “al Govern”, han añadido leña al fuego identitario en una cúpula de la Consejería de Interior, con Miquel Buch al frente, que se prepara para la sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O.
"Paliar un déficit estructural"
El contenido de esa carta no ha gustado al Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), mayoritario en el cuerpo. En declaraciones a Crónica Global, fuentes de este sindicato han recordado al nuevo jefe de los Mossos “la necesidad de paliar un déficit estructural. Exigimos a Sallent que solucione la falta de recursos humanos y materiales porque estamos a punto de la quiebra”. Estas fuentes instan a su mandos a “no instrumentalizar políticamente el cuerpo”. Y lamentan que todos estos cambios no se hayan comunicado a los sindicatos. “Cuatro jefes en cuatro años no es precisamente garantía de estabilidad”, aseguran.
En términos parecidos se expresó el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) sobre el relevo de Esquius. "El tiempo dirá si ha sido hecha en base a criterios técnicos o políticos. Un cuerpo policial no puede estar cambiando de Jefe del Cuerpo cada seis u ocho meses”.
“Hablar de ADN y de lealtad institucional a un gobierno que no cumple sus resoluciones y acaba de excarcelar a Oriol Pujol da miedo”, afirma un agente sobre la carta del director general de Mossos.
"Salimos del 155, pero no de sus impactos"
En efecto, Martínez explica en su carta que, hace un año, “salíamos de la aplicación del artículo 155, pero no de sus impactos. La Consejería de Interior fue uno de los ámbitos de gobierno más afectados a todos los niveles. El momento era de una enorme complejidad colectiva”. El director general se compromete a trabajar en la “recuperación y la dignificación de las condiciones de trabajo”, y define el cuerpo como “una policía con un ADN propio, que ha sobrevivido a obstáculos y a coyunturas”.
“Como Policía de la Generalitat que somos, debemos nuestra legitimidad al Govern y la lealtad a todas las instituciones”, afirma. “Una policía arraigada en el país”, ha dicho el alto cargo, quien agradece a Esquius los servicios prestados.
“Dice que hay dificultades económicas pero no para que Torra y sus consejeros se suban el sueldo ni tampoco para cubrir otra vez sueldos de embajadas o pago a medios de comunicación”, denuncia un mando de los Mossos, quien recuerda el dinero destinado a sufragar la escolta de Carles Puigdemont, “que incluye 76.000 euros anuales a un ex sargento de de los Mossos como asesor cuando, según la Fiscalía, se les está investigando por un delito de malversación y prevaricación”.
Carta de director general de la Policía de la Generalitat, Andreu Martínez / CG
Andreu Martínez, máximo responsable de la División de Asuntos Internos (DAI), ha recibido duras críticas por parte de agentes constitucionalistas sancionados por expresar su opiniones, mientras que otros activistas independentistas son exculpados. Este doble rasero, así como la politización existente en el cuerpo, ha provocado que entre 300 y 500 mossos quieran huir del independentismo e incorporarse a otros cuerpos policiales. Por ello, tal como informó este medio, reclaman la activación de la denominada ‘pasarela’.
El caso más reciente es el de un mosso sancionado con un mes de empleo y sueldo por la División de Asuntos Internos (DAI) de la Consejería de Interior por denunciar judicialmente que un mecánico se negó a arreglar el coche a su mujer por ser policía nacional, que se ha unido a otros episodios de acoso.
Aplicar la 'pasarela'
A pesar de los requerimientos de los propios funcionarios, así como del Defensor del Pueblo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se ha pronunciado sobre esa reivindicación, formulada tanto a nivel sindical como por la asociación Policías Autonómicos por la Pasarela (PAP).
Uno de los casos más emblemáticos es el de la cabo Inma Alcolea, a quien la Dirección General de la Policía impuso cinco meses de suspensión de funciones, con pérdida de retribuciones, como autora de una falta grave, por calificar de “Genestapo” a la cúpula de la Consejería de Interior y denunciar el sesgo independentista de los mandos. Alcolea ha criticado en diversas ocasiones el doble rasero de la DAI de los Mossos, pues mientras se expedienta a agentes por manifestar su ideología constitucionalista, no se persigue a Mossos secesionistas que insultan en las redes a quienes están en contra del procés.