El desespero de los mossos que quieren 'huir' del independentismo

La callada por respuesta. Es decir. Silencio administrativo. Los agentes de los Mossos d’Esquadra que quieren huir del independentismo se encomiendan a la justicia para activar la denominada pasarela a otros cuerpos policiales. A pesar de los requerimientos de los propios funcionarios, así como del Defensor del Pueblo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska no se ha pronunciado sobre esa reivindicación, formulada tanto a nivel sindical como por la asociación Policías Autonómicos por la Pasarela (PAP).

Imagen de un agente de los Mossos d'Esquadra saludando a una estelada en Vic (Barcelona) / EFE

Imagen de un agente de los Mossos d'Esquadra saludando a una estelada en Vic (Barcelona) / EFE

Entre 300 y 500 mossos se han informado sobre los pasos que hay que dar para incorporarse a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. El procés ha provocado que el ambiente de trabajo se convierta en irrespirable, denuncian indefensión y represalias por rechazar el activismo independentistas.

El caso más reciente

El caso más reciente es el de un mosso sancionado con un mes de empleo y sueldo por la División de Asuntos Internos (DAI) de la Consejería de Interior por denunciar judicialmente que un mecánico se negó a arreglar el coche a su mujer por ser policía nacional, que se ha unido a otros episodios de acoso. La Confederación Española de Policía ha condenado esa sanción y ha pedido la activación de la pasarela. “La Generalitat ha entrado en una espiral de perseguir a todo aquello que no simpatice con la causa independentista. Lo hemos visto con la denuncia contra los policías de Girona, la cual ha sido archivada. Con las actuaciones en contra de los integrantes de la BRIMO en la plaza de la Constitución de Girona y ahora lo vemos en el compañero mosso”, afirma la entidad.

Escraches y ataques contra comisarías del Cuerpo Nacional de Policía y una casa cuartel de la Guardia Civil en Cataluña esta semana / CG

Escraches y ataques contra comisarías del Cuerpo Nacional de Policía y una casa cuartel de la Guardia Civil en Cataluña / CG

Por su parte, la Agrupación Reformista de Policías (ARP) ha solicitado que, una vez constituido el nuevo Gobierno de la nación y como medida urgente, debe aprobarse el reglamento que ponga en práctica el ingreso en la Policía Nacional de aquellos funcionarios de carrera de las policías autonómicas que soliciten su entrada en el CPN”.

El reglamento pendiente de aprobación

Indican que “algo más de 200 policías autonómicos se dirigieron a la ARP para que el Ministerio del Interior tomara nota de sus datos de filiación profesional, su deseo de ser miembros del CPN, aún perdiendo económicamente, pero ganando en estabilidad profesional y familiar”. Abandonar la policía autonómica supone una pérdida de entre 300 (CNP) y 400 euros (Guardia Civil) al mes.

Mossos d'Esquadra independentistas se manifiestan contra la celebración del Consejo de Ministros del 21D / CG

Mossos d'Esquadra independentistas se manifiestan contra la celebración del Consejo de Ministros del 21D / CG

El reglamento pendiente de aprobación debe desarrollar la disposición adicional cuarta de la ley 9/2015 del Régimen de Personal de la Policía Nacional. La misma establece que “los funcionarios de carrera de los cuerpos de policía de las comunidades autónomas podrán ingresar en la Policía Nacional, en la escala y categoría equivalente a la que ostenten en su cuerpo de procedencia”.

Doble requerimiento del Defensor del Pueblo

El pasado mes de febrero, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) realizó una petición formal a Marlaska, pero no obtuvo respuesta. Tampoco ha escuchado el doble requerimiento del Defensor del Pueblo, que ha mediado en el conflicto. La asociación PAP ha presentado dos recursos de alzada ante el secretario de Estado de Seguridad y ante el propio ministro, como paso previo a activar un proceso judicial contencioso-administrativo.

La asociación Policías Autonómicos por la Pasarela invoca los artículos 14 (igualdad) y 19 (derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional) de la Constitución, así como la situación de otros cuerpos de funcionarios --profesores, funcionarios de prisiones, sanitarios-- que pueden optar a puestos de trabajo de todo el territorio nacional.