Las trampas de Torra para cuadrar su balance de gobierno

“Se está trabajando en…”. Esta es la frase más repetida en el documento que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, presentó ayer a modo de balance de su primer año de gobierno. Un balance “triunfalista”, según denunciaron los grupos de la oposición, y que se nutre de decretos y “planes nacionales” o “pactos” presentados sin contar con el consenso social; medidas aprobadas minutos antes de su comparecencia ante los medios de comunicación; proyectos pagados con dinero del Estado; y programas sin fecha de desarrollo ni presupuesto.

En materia social, uno de los ejemplos de fracaso más mencionados por la oposición es la Renta Garantiza de Ciudadanía (RGC), uno de los proyectos “estrella” del Govern y cuya mala gestión ha dejado en la estacada a miles de personas en situación muy precaria. “Hemos creado la Comisión de Seguimiento de la RGC”, dijo el jefe del Ejecutivo catalán. Se da la circunstancia de que esa medida fue aprobada ayer in extremis, es decir, horas antes de la rueda de prensa. El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó ayer la composición de ese órgano llamado a solucionar un problema que se arrastra desde 2017, cuando se aprobó esta prestación.

Evolución de las solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) / CG

Casi en tiempo de descuento, es decir, en el Consell Executiu celebrado ayer, se aprobó un paquete de medidas para garantizar la racionalización de los horarios, las cuentas de 2018 del Institut Català de Finances (ICF) --que ha financiado a 1.512 empresas por un importe de 599 millones de euros--, el nuevo decreto sobre la producción agroalimentaria ecológica en Cataluña. Medidas todas ellas anunciadas como parte de ese balance positivo.

Asimismo, Torra se refirió como grandes éxitos el Pacto contra la Segregación Escolar o el fomento de la Formación Profesional. Obviando que el primero no cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa, o que el sindicato mayoritario en la enseñanza, USTEC-STEs, critica un proyecto de FP “al servicio de las patronales”.

Guarderías

En este ámbito, el presidente anunció una inversión de 20 millones en la financiación de las guarderías, una cifra que dista mucho de los 1.800 euros por plaza/año anterior al tijeretazo de Artur Mas, pues el ejecutivo catalán solo pagaría unos 400 euros, por lo que la situación tardaría en normalizarse unos diez años. 

A la situación de las escoles bressol se refirió el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quien reprochó a Torra el aumento del 10% de las listas de espera en la sanidad, que no haya cumplido su compromiso de financiación de las guarderías, su "fracaso" en el impulso de la RGC y que haya sido incapaz de aprobar unos presupuestos --Torra incluyó su “presentación” en su balance--.

También lamentó que el Parlament no haya aprobado ninguna ley a propuesta del Govern, que no haya desplegado la ley de la infancia, y su fracaso en la gestión de la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA). La diputada del PSC, Beatriz Silva, subrayó que las medidas mencionadas por el presidente catalán para luchar contra la violencia de género “son pagadas por el Estado”.

 

Mención aparte merece la política de vivienda. El diputado de Ciudadanos, Sergio Sanz, afirma que la inversión de 138 millones en políticas de vivienda “es una cifra ridícula y debería darles vergüenza presumir de ella. Carme Trilla, presidenta del Observatori Metropolità de l’Habitatge, propone 1.500 millones". Por otro lado, “las ayudas al alquiler tienen más que ver con el gasto en políticas asistenciales que con la inversión en políticas de vivienda. Tampoco pueden presumir de los desahucios evitados. Cataluña, con 13.900, sigue a la cabeza, a pesar de que Andalucía tiene más población. Y si miramos en cifras relativas, hay el doble de desahucios que en la Comunidad de Madrid (6.400), a pesar de que las diferencias demográficas no son tan grandes. Hay cuatro desahucios en Cataluña por cada desahucio que evita la Generalitat”.

Financiación europea, a pesar del 'procés'

Respecto a los 250 millones para ampliar el parque de vivienda, el diputado de Cs precisa que “esa financiación llega a través del Banco Europeo de Inversiones. Llega gracias a que el procés no consiguió separarnos del resto de España, porque en ese caso seríamos un país extranjero para la UE”.

Tampoco augura gran recorrido al decreto ley que permite limitar los precios de alquiler. “Cuando el Tribunal Constitucional diga que invade competencias estatales, volverán hacer victimismo y a decir que el problema es que tienen un Estado en contra”. Un decreto muy criticado también por el Sindicat de Llogaters.

La presidenta de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach, se mostró "decepcionada" tras el balance de Torra. "Parece que vive en una realidad paralela", dijo. "No compartimos el triunfalismo económico, ni tampoco la autocomplacencia con la situación social. Ha sido un año perdido, lleno de excusas y sin rumbo, el Gobierno Torra-Aragonés ni siquiera ha sido capaz de presentar su proyecto de presupuestos".

Degradación de los servicios públicos

La dirigente de los comunes ha destacado como aspecto “especialmente preocupante" la degradación de los servicios públicos, pues "las listas de espera en la sanidad pública catalana se han disparado, comenzaremos un nuevo curso educativo con barracones y sin revertir los recortes que lastran la educación catalana. La las escuelas infantiles y la dependencia se han dejado en un segundo plano".

¿Balance o declaración de intenciones? “Dicen que se construirán 550 viviendas. Está bien eso de presumir de lo que se hará en el futuro en el balance del primer año de gestión ¿no? Nuevamente, me parece una cifra ridícula”, afirma Sergio Sanz.

En efecto, en el documento distribuido por el presidente catalán aparece una serie de planes nacionales o pactos en los que “se está trabajando”, pero sin concreciones. Moda, marketing turístico, impulso de la actividad económica en el entorno digital, gobierno abierto… son algunos de los ámbitos pendientes de regulación.