Los funcionarios no independentistas se sienten como 'los 300'

Profesores, mossos d’esquadra, policías locales y administrativos, todos ellos funcionarios no independentistas, se han unido para luchar contra el acoso laboral que sufren en sus puestos de trabajo. Lo han hecho, tal y como avanzó Crónica Global, a través de una asociación que, aunque embrionaria, ya tiene nombre: Plataforma Las Termópilas, en alusión a los 300 espartanos que hicieron frente al poderoso ejército persa.

De esa resistencia ante la presión independentista conversa Francisco Oya, promotor de esta asociación, con este medio. “Hace tiempo que dura esta situación y ha ido a peor. Es necesario que estos casos salgan a la luz, porque quienes se han atrevido a denunciar, solo son la punta del iceberg”, afirma este profesor de Historia del Instituto Joan Boscà de Barcelona, que ha sido sancionado con diez meses de suspensión de empleo y sueldo por denunciar el adoctrinamiento escolar.

Estelada gigante y pancarta a favor de la huelga independentista en la Universitat de Lleida / @JaulaAmarilla

Esta organización, todavía embrionaria, ha elaborado un documento donde sienta las bases de su actividad. “El supremacismo separatista intenta neutralizar a los funcionarios controlados por la Generalitat que considera desafectos. Especialmente en los sectores de enseñanza, comunicación y orden público, considerados vitales para el proyecto secesionista. Para ello utiliza cualquier medio, sin reparar en escrúpulos morales”, indica ese texto.

Falsos expedientes

Acusan al Gobierno catalán de “sumir al funcionario disidente con el separatismo en una situación de acoso laboral y social, a ser posible empujándolo a la depresión y destruyéndolo como persona con el fin de neutralizarlo completamente”. 

“Es habitual --añaden-- la instrucción de expedientes disciplinarios, sin ninguna base y alimentados con falsedades. También la familia de los afectados, singularmente los hijos en edad escolar, acostumbran a ser blanco de los ataques supremacistas. Especialmente cuando se trata de funcionarios sobre los que la Generalitat no puede ejercer un control total, por escapar a sus actuales competencias, como es el caso de Policía Nacional, Guardia Civil o Fuerzas Armadas”. 

La situación de los policías locales de pueblos pequeños

Por ello, Plataforma las Termópilas tiene previsto celebrar asambleas periódicas, redactar un documento estratégico y procurar que “la Justicia tome medidas para meter en vereda a los acosadores”.

Francisco Oya afirma, en este sentido, que “hay un ámbito desconocido en el que se producen esas agresiones, el de las policías locales que prestan su servicio en pueblos pequeños. Se producen situaciones humillantes”. Algunos funcionarios llevan años inmersos en procesos judiciales. Uno de los casos más públicos es el de la cabo de los Mossos d’Esquadra Inma Alcolea, quien fue expedientada por denunciar la politización de este cuerpo policial, al que llamó Genestapo.

El profesor sancionado por rechazar el adoctrinamiento escolar, Francisco Oya / CG

Oya se muestra muy crítico con el papel de los sindicatos en estas situaciones de maltrato laboral. “Una profesora nos comentó en la reunión donde decidimos crear la plataforma, que había sufrido problemas de acoso y contactó con su delegado de CCOO. Éste se limitó a decir que la inspectora del centro escolar estaba muy enfadada y que, por tanto, lo mejor que podía hacer era pedir el traslado fuera de Cataluña”.

Muy crítico con el papel de los sindicatos

Oya también ha sido objeto de represalias. Explica que “me abrieron expediente alegando que llegaba tarde a las clases y que había hecho comentarios homófobos y sexistas. Pero no aportaron ninguna prueba”. En realidad, dice, los problemas comenzaron cuando “repartí a mis alumnos material didáctico con el que pensaba equilibrar el adoctrinamiento político que se daba a los alumnos. Prat de la Riba, Jordi Pujol, Valentí Almirall, Heribert Barrera… Me dijeron que ese material dejaba en mal lugar el catalanismo. Yo invoqué la libertad de cátedra”.

Anuncia que presentará un recurso contencioso-administrativo contra esa sanción, impuesta en plena aplicación del artículo 155. “Creo que fue un ejercicio de reafirmación, de demostrar que ellos seguían mandando”.

La Alta Inspección

Asegura que “el miedo a ser sancionado es algo que no sucedía en la época de Franco. Cuando yo comencé a dar clase, todos los profesores eran por oposición y, excepto quienes daban formación del espíritu nacional, había trotskistas, maoístas que hablaban abiertamente. Eso ahora es imposible. Cualquier profesor que diga que es del PP o Ciudadanos es señalado. Ese es el tipo de sociedad que ha creado el procés”, explica Oya.

¿Hay marcha atrás? “Eso depende del Estado”, dice. Pero en el ámbito escolar, que es el que mejor conoce, la Alta Inspección del Estado “no puede acceder a los centros libremente. No hay una normativa que lo permita, pues las competencias están transferidas a la Generalitat. El 80% de estos inspectores autonómicos son interinos, que es una forma de garantizarse un cuerpo sumiso”. El Gobierno del PP, explica, escondió en un cajón un informe muy completo sobre el adoctrinamiento escolar. Y cuando llegó el Gobierno socialista "se desautorizó a los inspectores que habían hecho ese informe".