El procés independentista en Cataluña ha cosechado el apoyo de una parte muy significativa y transversal de la sociedad catalana. Sin embargo, dos de los colectivos que mayor movilización han demostrado han sido los funcionarios y los jubilados. Esta peculiaridad del movimiento secesionista se ha reflejado en el perfil de votantes del 1-O que las Defensas han solicitado como testigos, donde un 30% de los que han declarado en el Tribunal Supremo se han identificado como retirados profesionalmente.
El martes 30 de abril empezaron a desfilar algunos de los heridos en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 así como organizadores (concejales de algunas localidades) y vecinos que narraron el papel de los Mossos d’Esquadra en esa jornada. A partir de mayo, han declarado 52 votantes del 1-O, de los cuales 16 de ellos son jubilados.
Concejales y alcaldes
Para realizar la contabilidad, este medio ha enumerado los 52 testigos que empezaron a declarar la primera semana de mayo. La última semana de abril, la gran mayoría de ellos se presentaron ante el tribunal como participantes del referéndum, eran concejales o alcaldes de municipios, y los letrados no les preguntaron por su profesión antes de empezar el interrogatorio.
La lista completa de testigos del día 30 de marzo fueron Santi Valls (cargo en ERC), Pilar Calderón (apoderada de ERC); Julia Fernández Vila (Teniente de alcalde de Sabadell); Joan Pau Salvadó (herido 1-O); Albert Salvador (concejal de ERC); Jordi Rubinart (herido 1-O); María del Carmen Rayo (alcaldesa de Sant Esteve de Sesrovires); Emili Gayá (vecino Sant Esteve de Ses Rovires); Laura Castel (senadora ERC); Marc Puigtió (alcalde de Sant Julià de Ramis); Ferran Soler Jubany (bombero y suplente de ERC en Dosrius); Jordi Salvador Duch (diputado de ERC); Jordina Carbó (creativa).
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Nuria Riera, jubilada, que declaró como testigo del 1-O
Maestros ya jubilados
Por lo que respecta a los 52 diputados que iniciaron sus declaraciones en mayo y que fueron presentados como votantes del 1-O, solo hay dos casos que ostenten cargo institucional: el de la concejal del partido Futur La Sènia en el Ayuntamiento de Sènia, Isabel Castell, y el de Antoni Morral, diputado autonómico por JxCat. No obstante, Castell se presentó ante el tribunal como “abogado y mediadora”, sin hacer referencia a su condición de representante pública.
La primera jubilada en declarar fue Virgínia Martínez, residente de Dosrius, y que en sus años de actividad profesional fue profesora de secundaria. Antes de ella, declaró un bombero y miembro de la ANC, Pere Miralles; el maestro, gestor cultural y diputado en el Parlament Antoni Morral; el médico y director del hospital general del Hospitalet, Jordi Vilarasau; el sindicalista de CC.OO, Javier Pacheco, y Joan Porras, estudiante universitario y más conocido como Joan Bona Nit, porque cada noche se acercaba en la cárcel de Lledoners con un megáfono para dar las buenas noches a los dirigentes en prisión preventiva.
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Josep Marimon, testigo en el 1-O, y jubilado
Los dos siguientes jubilados que declararon en la sala segunda del Supremo llegaron después de la declaración de un ingeniero informático (Pere Sitjà); una ama de casa (Carme Budé) y un carpintero (Martí Carreras): se trató de Pere Font y Josep Fort, este último prejubilado debido a una enfermedad. Antes de ello, se dedicaba al comercio del pescado congelado.
Otra de las maestras ya jubiladas en declarar fue Maria Guadalupe Prades, que mientras estaba en activo daba clases de historia en un instituto secundario.
Funcionarios
Uno de los perfiles que más se repite, tanto entre jubilados como no, es el de funcionario, ya sea como bombero o como “funcionario de carrera”, como es el caso de Francesc Xavier Almirall, ahora también retirado. Entre el resto de retirados se encuentra María Dolors Prats (que fue empresaria, dijo durante su declaración); Joan Torres (pre-jubilado); Alfonso Barceló (que fue informático); Joaquín María Palau (que fue administrativo); María Rosa Arboix (que tenía un negocio propio); Josep Marimon (jubilado tras un ERE en una caja de ahorros); Rafael Martín (antiguo comercial); Nuria Riera (que no ha especificado profesión previa); Venanci Saborit (economista especializado en gestión pública); Josep Joventeny (que no he especificado profesión) y Nemesio Fuentes (ex policía nacional).