El Govern nunca ha mediado en el conflicto interno de la UAB

El Govern nunca ha movido un dedo por solucionar los problemas de convivencia existentes en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), escenario de dos violentos boicots a actos constitucionalistas. De hecho, no ha intervenido ni mediado en ninguno de los ataques que, militantes y partidos políticos, han sufrido durante estos años donde ha aumentado la escalada de conflictividad social asociada al procés.

Con esta actitud, ha incumplido reiteradamente una moción aprobada en el Parlament en la que se instaba a la Generalitat a tomar las medidas necesarias para “prevenir y condenar cualquier limitación de los derechos y las libertades en Cataluña” y “dar apoyo político y jurídico a cualquier ciudadano o ciudadana de Cataluña que sea objeto de actos violentos, amenazas e intimidaciones como consecuencia de su adscripción política”.

Independentistas bloqueando la entrada al acto 'Ante los nacionalismos y los populismos, ¡Europa!' en la UAB / TWITTER

Así rezaba la iniciativa, presentada por el entonces diputado del PP Daniel Sirera. Corría el año 2003 y los populares habían sido objeto de agresiones por parte de radicales violentos. Tres años antes, la Cámara catalana había aprobado otra resolución en la que se instaba al Govern a “constituirse en acusación particular en los casos de amenazas a cualquier ciudadano o ciudadana de Cataluña por razón de su adscripción ideológica o política”.

El Govern ha hecho caso omiso a ese mandato parlamentario, al menos en lo que respecta a ataques a ciudadanos, sedes y partidos constitucionalistas. Sí ha promovido recientemente, tras la aplicación del 155 y el encarcelamiento de los responsables del procés, una Oficina de Derechos Civiles y Políticos cuya finalidad es "definir y coordinar" políticas en esta materia entre los distintos departamentos y "hacer seguimiento de las vulneraciones que se produzcan contra los derechos relacionados con la participación de las personas en la vida civil y política".

Asedio a la carpa de 'S'ha Acabat' en la UAB / S'HA ACABAT

Al frente de esta Oficina está Adam Majó, un exdirigente de la CUP que, en seis meses, solo ha tramitado 38 denuncias, seis de las cuales exceden de sus funciones. Cobra un sueldo de 89.234 euros anuales, según indica el portal de la transparencia del Govern.

Las principales tipologías de reclamación han sido la vulneración contra la libertad de expresión, sobre derechos de participación política, vulneraciones contra el derecho al honor y protestas por las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La Oficina de Derechos Civiles y Políticos es uno de los tres chiringuitos ideados por Carles Puigdemont para la nueva legislatura constituida y presidida por Quim Torra junto al Consejo de la República, con sede en Waterloo y pinchazo de inscritos y el Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente.

Durísimas críticas de Arrimadas

Precisamente ayer, la líder catalana de Ciudadanos, Inés Arrimadas, arremetió durante una intervención en el Parlament contra un organismo que podría llamarse “Oficina de defensa del govern separatista”. Aseguró que “el procés es una historia de vividores y de chiringuitos” y puso de ejemplo a Majó que “es tan radical que se fue de la CUP porque le parecían unos flojos”. Recordó que “perteneció al Moviment de Defensa de la Terra, el brazo político del grupo terrorista Terra Lliure” y que fue concejal de la CUP “hasta que le crearon este chiringuito”. 

Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, en el Parlament / CG

La jefa de la Oposición ha resaltado que Majó “desde que está en el cargo insulta al constitucionalismo” asegurando que “son fachas y de extrema derecha”, mientras “obvia los ataques fascistas a las sedes de los partidos constitucionalistas que reciben tres o cuatro veces más insultos y ataques que los independentistas”. Arrimadas también ha criticado que sea “miope” ante los ataques contra la asociación joven constitucionalista S’ha Acabat! en la UAB.