No han podido asistir al juicio del Tribunal Supremo como observadores internacionales ni como testigos, pero este viernes tendrán la oportunidad de condenar el juicio del procés en la Comisión de Estudio sobre los Derechos Civiles y Políticos creada en el Parlament. Presidida por el republicano Ernest Maragall, este órgano se constituyó en octubre de 2018 con los votos a favor de Junts per Catalunya, ERC, la CUP y Catalunya En Comú-Podem. En cambio, Ciudadanos, PSC y PPC votaron en contra de un texto en el que expresa la voluntad de denunciar la “regresión democrática sin precedentes”, la respuesta “autoritaria del Estado” y la “degradación progresiva” de la separación de poderes.
Los trabajos de la Comisión arrancan este viernes con la comparecencia de activistas que los abogados de los acusados por el 1-O pretendían elevar a la categoría de observadores internacionales en el juicio que se celebra estos días en el Supremo. Los magistrados rechazaron esa pretensión y les relegaron a la condición de público, sabedores de que los independentistas quieren internacionalizar la imagen de una Justicia española "opresora y politizada".
Anaïs Franquesa, abogada de Iridia / CCMA
Insistieron en ello, solicitando reuniones con los miembros de la sala Penal del Alto Tribunal y con la Fiscalía General del Estado. No lograron lo primero, pero el ministerio público accedió a mantener un encuentro el pasado día 4 con la plataforma International Trial Watch (ITW). Acudió, entre otros, su portavoz Anaïs Franquesa, abogada penalista, directora de litigio de Iridia, Centro para la defensa de los Derechos Humanos. Franquesa comparecerá este viernes en el órgano parlamentario.
Un nombre internacional para asociaciones barcelonesas
ITW se creó con la finalidad de cuestionar la Justicia española e implicar en ello a la opinión pública de otros países. Es una plataforma que, a pesar de su cosmopolita nombre está integrada por asociaciones barcelonesas y que intentó colocar a seis observadores en el juicio del 1-O. Tres de ellos llegaron incluso a ponerse la toga, pero el Tribunal Supremo les obligó a quitársela --pues solo los abogados defensores pueden llevarla-- y les permitió seguir el juicio entre el público.
Forman parte de ITW las entidades Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, Col·lectiu Praga, Institut de Drets Humans de Catalunya, Irídia, Novact y el Observatori del sistema penal i els drets humans de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asociaciones todas ellas que se han manifestado a favor del derecho a decidir.
Estrasburgo responderá en 2029
Franquesa interpretó la reunión con la Fiscalía como un reconocimiento implícito a su labor de observadores. Acudió acompañada de Bill Bowring, profesor de la Universidad de Birbick que acredita experiencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya resolución sobre el juicio del procés calcula para 2029.
Jody Williams, Premio Nobel de la Paz en 1997 / EFE
Junto a la portavoz de ITW asistirá a la Comisión de Estudio sobre los Derechos Civiles y Políticos la premio Nobel de la Paz de 1997 Jody Williams, que fue rechazada como testigo en la vista oral del 1-O. El pasado martes, Williams asistió a la sesión del Supremo y, a su término, cuestionó que los dirigentes independentistas sean juzgados. Aseguró que España vive una situación de conflicto político y avisó de que encarcelar a los procesados implica asumir que son culpables. Wiliams firmó el manifiesto Let Catalans Vote a favor del 1-O.
Finalmente comparecerá en el Parlament Nico Krish, especialista en Derechos Humanos, catedrático de Derecho Internacional y codirector del Centro para la Gobernanza Global en el Graduate Institute of International and Development Studies de la Universidad de Ginebra. Krish defendió los derechos del procesado y expresidente de la ANC Jordi Sànchez ante la ONU. Entiende que la causa contra el 1-O “forma parte de un ataque escandaloso contra la democracia en España y Cataluña” y que la suspensión de su voto como diputados es “inédito en una democracia occidental y europea”.