Aragonès y Bargalló se enfrentan por el gasto en política social

ERC gestiona la mayoría de consejerías sociales del Govern. Así se decidió en los acuerdos con sus socios de Junts per Catalunya. Se trata de negociados sensibles, de gran impacto ciudadano, que daban a los republicanos la oportunidad de demostrar una buena gestión y exhibir un expediente de trabajo social en las próximas elecciones. Pero la falta de nuevos presupuestos, que acentúa la parálisis de un ejecutivo que solo exhibe la impronta propagandística de Quim Torra, está deteriorando las relaciones entre los dirigentes republicanos.

Según ha podido saber Crónica Global, el gasto en política social ha enfrentado al vicepresidente económico, Pere Aragonès, y el consejero de Educación, Josep Bargalló, debido a la decisión del número dos del Govern de destinar todos los recursos posibles al departamento de Salud, también en manos de ERC y dirigido por Alba Vergès. Los socios neoconvergentes abundan en esas tensiones poniendo palos en las ruedas de la gestión de Bargalló.

Los compromisos con la comunidad educativa

El veterano dirigente republicano se había comprometido con la comunidad educativa no solo a revertir los recortes en este ámbito, sino a impulsar proyectos de calado, como la lucha contra la segregación escolar o el desarrollo del decreto sobre la escuela inclusiva --aprobado hace tres años--, por poner dos ejemplos de reclamaciones históricas en las que se ha avanzado, pero las medidas planteadas por la Generalitat no se acaban de concretar. La voluntad de Bargalló, que fuentes de la oposición parlamentaria consideran real, es potenciar la escuela pública y, de paso, deconstruir un legado convergente y conservador que siempre ha favorecido a la escuela concertada, siendo la subvención de los colegios de élite que segregan por sexo el máximo exponente de esas políticas educativas de CDC.

El consejero de Enseñanza Josep Bargalló junto al resto de firmantes del Pacto contra la Segregación Escolar en el Parlament / CG

Sin embargo, los avances en el terreno educativo --donde la existencia de barracones tiene visos de cronificarse, ejemplo de las carencias en infraestructuras-- apenas se han visualizado. La promesa de recuperar las ayudas a la escuela de 0 a 3 años que el gobierno de Artur Mas eliminó --la Justicia ha dictaminado que la Generalitat debe devolver a los ayuntamientos el dinero adeudado-- choca con la prórroga presupuestaria, la segunda del Gobierno independentista, lo que ha impedido destinar los 20 millones de euros previstos por Bargalló a las guarderías. Una cifra que no restituye la situación previa a los recortes, pero que suponía un avance.

Las chapuzas de Comín

Por el contrario, Aragonès ha decidido primar las partidas destinadas al departamento de Salud, igualmente determinante en las políticas sociales y que el predecesor de Vergès, Toni Comín --que se fugó a Bruselas y acaba de fichar por la lista de Carles Puigdemont a las elecciones europeas--, dejó empantanado. Poco dinero hay que repartir, pero Aragonès decidió que el sistema sanitario era prioritario, algo que Bargalló no acaba de aceptar.

Cataluña tiene el récord de barracones escolares en la educación pública / CG

JxCAT intenta pescar en ese río revuelto republicano. A los herederos de CDC no les ha pasado desapercibida esa deconstrucción de la gestión educativa de Bargalló. La sombra de la exconsejera Irene Rigau sigue siendo alargada y no aceptó de buen grado que Bargalló quisiera recuperar las ayudas para la escuela de 0-3 años. A su juicio, era dejar en evidencia su criterio respecto a la no obligatoriedad de financiar esa primera etapa preinfantil. El resultado de ese enfado ha sido un nuevo recorte, en este caso en las cuatro diputaciones provinciales. Todas ellas están presididas por la antigua Convergència y en los presupuestos para 2019 se eliminó las partidas destinadas a guarderías.

En los últimos años, estos entes supramunicipales habían concedido ayuda a los ayuntamientos para no dejarles desprotegidos. En sus cuentas no aparecen, aunque precisan que si los consistorios se ven apurados. Por ejemplo, la Diputación de Barcelona no incluye en sus previsiones los 24 millones de euros que en 2018 estaban previstos para las escoles bressol.