Una auditoría en la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra. Esta es la petición que agentes y ciudadanos particulares han hecho llegar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El motivo es el doble rasero político que, según denuncian, se aplica en los expedientes sancionadores, permisivos con la radicalidad secesionista y duros con el activismo constitucionalista, agravado durante los años más tensos del procés.
Evitar este tipo de agravios comparativos era el objetivo de una propuesta de reforma del régimen interior de los Mossos que, en 2017, abordó el entonces consejero de Interior, Jordi Jané. Pero la llegada de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat enterró ese proyecto, que ni Joaquim Forn, durante su breve trayectoria al frente de Interior, ni Miquel Buch han recuperado. Entregado a la causa procesista, la prioridad de Buch pasa estos días por elegir a dedo a mossos fieles "a la república" para formar parte de la escolta del presidente, Quim Torra.
Indefensión de los expedientados
Aquella propuesta de reforma del régimen interno de los Mossos tenía su origen en la constatación de que algunos expedientes disciplinarios se podían abrir a partir de una simple carta de diez líneas, sin ninguna carga de prueba. Ello provocaba la indefensión de los afectados.
Asimismo, algunos casos salían a la luz pública cuando todavía no estaban cerrados, creando así un juicio paralelo. Por entonces ya había trascendido el caso de la cabo Inma Alcolea, expedientada por insultar a Carles Puigdemont, gritar "¡Viva España!" a una patrulla de agentes y tildar de "golpistas" a los responsables del procés. En su caso, la DAI aseguró que su actitud "compromete su neutralidad política" pues "hace dudar de cuál podría ser su actuación policial ante una causa que tuviera connotaciones políticas, ni cuál sería la postura que adoptaría ante cualquier actuación policial que pueda tener carácter político". Mientras los expedientes de Alcolea siguen su curso, frases del tipo "España fascista", "liberad a los presos políticos", "el poder de España todavía recae en manos de los herederos de Franco", "nazis" y "jueces de mierda", escritas por mossos independentistas, tanto en artículos como en redes sociales, no han sido objeto de sanción ni de reproche por parte del Govern.
Aprobación de una reforma en el Parlament, con el apoyo de JxSí
La necesidad de elaborar un nuevo protocolo sobre régimen interior llegó al Parlament, donde se debatió este asunto en la Comisión de Interior celebrada en mayo de 2017. Fue el entonces diputado del PP Alberto Villagrasa quien defendió la propuesta, que contó con el voto a favor de Junts pel Sí (coalición de gobierno formada por Convergència y ERC), Ciudadanos y PSC. La CUP y Catalunya Sí que es Pot se abstuvieron.
El 'conseller' de Interior, Miquel Buch / EFE
El 'conseller' de Interior, Miquel Buch / EFE
Fuentes del entorno del exconsejero Jané y de Albert Batlle, a la sazón director general de los Mossos –hoy forma parte de la candidatura del socialista Jaume Collboni a la alcaldía de Barcelona--, aseguran que ambos habían expresado su predisposición a afrontar esa revisión del régimen disciplinario, en el marco del anteproyecto de la ley de Policía de la Generalitat. Esta legislación no ha sido aprobada todavía, aunque el consejero Buch aseguró a principios de marzo que su intención es sacarla adelante en esta legislatura.
Las dimisiones de Jané y Batlle
Batlle dimitió de su cargo cuando Forn expresó su intención de ponerse al servicio del referéndum. Así lo declaró el pasado mes de enero en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. Un testimonio que se contradice con el del propio exconsejero procesado, quien afirmó que nunca dio instrucciones a los Mossos sobre el operativo a seguir el 1-O.
Jané dimitió meses antes, concretamente en julio de 2017, porque tampoco estaba dispuesto a secundar el desafío secesionista.
Durante su gestión, la cúpula de los Mossos sancionó a un agente que había proferido graves insultos al PP. Algo que, tal como denuncian los agentes constitucionalistas, no ha vuelto a suceder bajo el mandato del consejero Buch. Así, mientras mossos que se han significado como contrarios al sesgo ideológico que la cúpula de Interior tolera o promueve en este cuerpo policial han sido suspendidos de empleo y sueldo, activistas independentistas que utilizan las redes sociales o Youtube para proferir graves insultos a dirigentes de partidos son perdonados. El ejemplo más reciente es el del agente antidisturbios que pronunció la ya famosa frase “la república no existe” durante una manifestación independentista. La DAI propone sancionarle.
La petición de "auxilio" a Marlaska
Esta situación se ha saldado con dos denuncias dirigidas al ministro del Interior en las que se solicita su "auxilio" ante la "diferente forma de actuar del director general de la Policía catalana, Andrés Martínez, responsable de la División de Asuntos Internos. Se trata de la cabo Alcolea, que cuenta con el apoyo de otros agentes favorables a esa auditoría, y de un ciudadano que se define como "exiliado del independentismo" y que actualmente vive en Cádiz. Autor de varias quejas por la situación de división que el procés ha provocado en Cataluña en general y en el cuerpo de Mossos d’Esquadra, en particular.
Ambos han solicitado formalmente al Gobierno español que lleve a cabo una auditoría interna sobre la gestión de Martínez, "puesto a dedo por el PDeCAT", afirman en sendos escritos a los que ha tenido acceso este medio.