Los cuatro supuestos que prueban que Puigdemont buscó la violencia para avalar el 1-O

La finalidad del 1-O nunca habría sido que los catalanes votaran, sino buscar un escenario de confrontación con el Estado que avalara la proclamación de independencia a ojos de la comunidad internacional. Así se desprende de las declaraciones ante el Tribunal Supremo de los mandos de los Mossos d’Esquadra, que previeron y advirtieron al Govern del riesgo de violencia ante el "choque" entre ciudadanos y fuerzas del Estado si se mantenía la votación ilegal.

Las testificales de Ferran López y Joan Carles Molinero, ex número dos y tres del exmajor Trapero, han desvelado además que, al término de la reunión del 28 de septiembre de 2017 --tres días antes del 1-O--, el entonces presidente de la Generalitat les comunicó que proclamaría “en ese momento” la independencia si se producían altercados o “alguna desgracia”. Nunca barajó, según la versión policial, suspender el referéndum para garantizar la paz y convivencia ciudadana. El referéndum fue un espejismo, organizado para que se desatara la violencia.

Instrumento para la secesión

Los testimonios de la cúpula de los Mossos han abonado indirectamente la tesis de que el referéndum del 1-O no fue nunca un fin en sí mismo (votar) sino un instrumento nuclear de la hoja de ruta para subvertir el orden constitucional. Aunque los hechos del 1-O se juzgarán en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los magistrados del Supremo que juzgan todo el procés consideran que los sucesos desarrollados en esa jornada fueron claves para dirimir si el grado de violencia que hubo encaja con el delito de rebelión además del delito de desobediencia por haber sido previamente tumbado el referéndum por el Tribunal Constitucional.

Con la despenalización en el 2005 del delito de convocatoria de un referéndum ilegal en el Código Penal, la votación no fue un hecho delictivo en sí, más allá de la supuesta desobediencia al alto tribunal, pero sí pudo ser un instrumento para la rebelión. En los años del procés se planteaban escenarios para que la comunidad internacional tuviera que intervenir, como fue el plan llamado Remedial Secession —expuesto en la Declaración de Kosovo-- para afirmar que no hay otra salida que la secesión unilateral. Esta estrategia, elaborada por el profesor de Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra Jaume López, no fue la única que se barajó, aunque la mayoría de ellas no se llevaron a la práctica. 

Leyes de desconexión

Otro hecho que allana el terreno del referéndum como mero trámite para la secesión son las llamadas leyes de desconexión que se aprobaron en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Dichas normativas no preveían un umbral mínimo de participación para dar por bueno el resultado electoral y habilitaban el referéndum de un cuerpo jurídico para hacer la “transición jurídica” de una legalidad española a una supuesta legalidad catalana. 

En la misma línea, las palabras de Puigdemont de proclamar la independencia inmediatamente si había violencia muestran un escenario en el que la violencia --y no el resultado de la votación-- era un aval para la unilateralidad. 

El ejército de Cospedal

Ante el desafío de mantener el referéndum, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió desplazar a Cataluña a 6.000 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Se consideró que, estas unidades, junto a la lealtad de los Mossos (un cuerpo de 16.000 hombres), servirían para mantener el orden constitucional y cumplir con el mandato judicial. La llegada en barco de muchas de estos efectivos los días previos al referéndum ya preveía que pudieran sucederse altercados en algunos puntos. No obstante, como se publicó en esos días, la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, también tenía un plan esbozado para que el Ejército interviniera. Una opción que el presidente Rajoy rechazó de plano.

Todas estas opciones de una eventual actuación policial o militar y, al frente, las masas movilizadas para defender el referéndum, podían desembocar en escenarios imprevisibles que legitimaran la proclamación de independencia. 

La “vía eslovena” de Torra

Finalmente el 1-O llegó y las cargas de la Guardia Civil y la Policía Nacional sirvieron para mostrar una imagen de violencia contra la población civil que dio la vuelta al mundo. No obstante, hasta el día 10 de octubre --con la DUI interrumpida-- y el 27 de octubre, Puigdemont no hizo el paso de declarar la secesión. Pero más allá del impacto mediático, la comunidad internacional cerró filas con el Estado. Tanto ante los acontecimientos del 1-O como con la posterior declaración unilateral de independencia. 

Sin la mediación de ningún organismo internacional, Puigdemont decidió irse a Waterloo y evitar rendir cuentas ante la justicia española. Su sucesor en el cargo, Quim Torra, ha hablado de buscar un “nuevo momentum” y de la “vía eslovena” para lograr, en el futuro, la independencia. Torra habló de que la vía eslovena fue pacífica, y que fueron los serbios quienes pusieron la violencia.