Fiscalía pone su lupa sobre el Gobierno catalán por la escolta de Carles Puigdemont. El ministerio público investiga al consejero catalán de Interior, Miquel Buch, y al resto de su departamento por las labores de protección y escolta que, presuntamente, estaría haciendo el mosso d'esquadra Lluís E. al expresident catalán prófugo en Waterloo (Bélgica).
Las diligencias de investigación de la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña se han iniciado por una denuncia del grupo parlamentario de Ciudadanos. La sede del ministerio público ha ordenado al Cuerpo de los Mossos d'Esquadra (CME) realizar pesquisas sobre una contratación con retribución bruta de 60.000 euros por parte del Departamento de Interior. El fichaje se produjo en julio de 2018 con el pretexto de asesorar a la Consejería en "sistemas de seguridad", sin más señas. Si el efectivo estuviera haciendo labores de escolta en lugar de las reseñadas en el contrato, ello podría constituir un delito de prevaricación y malversación.
Quiere datos concretos
Concretamente, la oficina fiscal ha pedido a los Mossos que aclaren qué actividades ha desempeñado esta persona contratada por el departamento. Quiere saber Fiscalía si el efectivo estaría haciendo labores análogas a la protección del ex jefe del Ejecutivo autonómico. Para cerciorarse de si ello está ocurriendo, exige al Gobierno catalán que facilite las fechas "concretas", amén de los "territorios" en los que se estaría realizando esta labor de acompañamiento y si éste se está produciendo con "el conocimiento y/o aquiescencia de la autoridades o funcionarios" del equipo de Miquel Buch.
Asimismo, el ministerio público reclama conocer la retribución percibida por el agente y su situación administrativa. Con estos datos tratará de establecer la oficina fiscal si se están ejerciendo labores de escolta y protección "en favor de una persona contra la que consta dictado un auto de procesamiento firme", amén de una orden de detención en España.
Segundo procedimiento
Cabe recordar que las pesquisas de la Fiscalía sobre las personas que acompañan al expresident huido de la justicia en Waterloo (Bélgica) no son las únicas en marcha. En enero, la Audiencia Nacional decidió estimar el recurso del minsiterio público contra el archivo de la investigación por un presunto delito de encubrimiento de rebelión contra el exprofesor de la Universidad de Barcelona (UB) Josep Lluís Alay, Josep Maria Jami Matamala y dos agentes del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. El cuarteto fue detenido en Alemania junto al ex jefe del Ejecutivo en marzo de 2018.
Tras ese arresto por parte de la policía alemana --pendía sobre Puigdemont una orden europea de detención y entrega (OEDE)--, se incoaron diligencias contra los acompañantes del expresidente catalán. Se sobreseyó en octubre del pasado año, pero ha vuelto a activarse este ejercicio, rechazando los incidentes de ejecución de las defensas.