El Observatori del Deute en la Globalització (ODG), la organización a través de la cual se presentó una denuncia contra el proyecto Castor, recibió unos 109.000 euros a través de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona en 2018. Esta cantidad triplica la recibida un año antes, cuando el equipo de gobierno liderado por Ada Colau regó la entidad con 41.000 euros. 

Esta plataforma habría recibido ayudas públicas años antes, siempre de forma esporádica, hasta que en 2016 --ya con Colau como primera edil-- comenzó a aumentar el montante recibido a través de subvenciones. 

Proyectos de investigación

El periódico digital Metropoli Abierta publica que, el mismo año en el que ODG interpuso la querella contra el proyecto de construcción del depósito de gas natural situado frente a la costa de Tarragona y Castellón, la organización recibió varias inyecciones económicas relacionadas con la redacción de diversos estudios e informes. La más importante alcanzó los 45.138,50 euros, destinados a sufragar un informe sobre la precariedad laboral del turismo en Barcelona. Otra investigación que fue regada con 30.000 euros por parte de Colau estaba relacionada con la "soberanía energética" y una tercera, bajo el título Conocimiento y codiseño para un nuevo modelo turístico, recibió 29.087,10 euros desde el Consistorio que lidera Colau. 

ODG también pidió ayudas públicas para mantener su gestión interna. El ayuntamiento le concedió para ello 4.320 euros. Lo que hace un total de 108.545,60 euros de las arcas municipales que acabaron en manos de esta plataforma en 2018. 

El proyecto Castor

Este observatorio, centrado principalmente en temas de eficiencia energética, fue la que denunció el proyecto Castor, liderado por una empresa participada de forma mayoritaria por ACS. La denuncia señalaba directamente a varios exministros de diverso signo: Miguel Sebastián, Joan Clos y José Manuel Soria (Industria); Magdalena Álvarez (Fomento) y Elena Espinosa (Agricultura y Medio Ambiente). La querella también se dirigía contra el exsecretario general de Industria Ignasi Nieto, el exconsejero de Urbanismo valenciano Juan Cotino, contra el presidente de Escal UGC, Recaredo del Potro, y contra el presidente de ACS, Florentino Pérez.

El proyecto fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y comenzó sus operaciones en mayo de 2012. En 2014 fue pausado después de haberse registrado temblores en las costas de Tarragona y la Comunitat Valenciana que se relacionaban con esta construcción y unos meses después el proyecto fue liquidado. ACS recibió del Gobierno una indemnización de 1.350 millones, una decisión que fue llevada ante los tribunales de Justicia y rechazada por el Tribunal Constitucional.

Delitos económicos

La querella presentada por ODG acusa a los anteriormente nombrados de varios delitos como los de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos. En la denuncia se acusa a ACS de haber urdido un plan delictivo para obtener un "altísimo beneficio empresarial ilícito derivado de la construcción de la infraestructura, su explotación y la materialización de su financiación sin riesgo para la empresa". 

Asimismo, asegura que la compañía de Florentino Pérez infló los costes de las obras y que se adjudicó unos beneficios de 203 millones de euros a pesar de que la inversión total en el Castro fue de 1.461 millones.