Una decena de asociaciones feministas han denunciado la "instrumentalización", por parte del sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS, de la manifestación unitaria que tendrá lugar el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Arremeten contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau por subvencionar a entidades como Aprosex, Asociación de Profesionales del Sexo cuya finalidad es defender los derechos de las trabajadoras sexuales y normalizar su actividad. En los últimos tres años, el ayuntamiento ha concedido casi 11.000 euros a esta entidad: 4.000 euros en 2016, 5.985 en 2017 y 1.000 euros el año pasado.
Asociaciones feministas abolicionistas rechazan la influencia del lobby de trabajadoras sexuales en la manifestación unitaria del 8M
Las subvenciones concedidas por Colau no son demasiado elevadas, pero suficientes para que estas asociaciones denuncien que el lobby de trabajadoras sexuales se ha hecho fuerte en determinados ámbitos municipales. El pasado domingo, las abolicionistas tuvieron problemas para acceder a la reunión celebrada en Ca la Dona --un histórico equipamiento municipal-- para preparar el 8M. "Se les negó el derecho a la palabra y se les prohibió el debate sobre el trabajo sexual que, según las organizadoras, es un tema cerrado y no se va a cambiar", denunciaron en rueda de prensa.
Tema sensible
La situación de la prostitución en Barcelona es un tema sensible para Colau, cuyo equipo está dividido entre quienes defienden el abolicionismo y quienes apuestan por ayudas a las prostitutas. En junio de 2018, el Pleno del Consistorio rechazó aprobar una ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual tal como proponía el PSC. El líder municipal esta formación, Jaume Collboni, defendió que la "prostitución es esclavitud" en una bronca sesión, a la que acudieron representantes de Aprosex. BComú y CUP criticaron duramente la propuesta socialista.
Sí tuvieron un papel activo personas vinculadas la Organización de Trabajadoras Sexuales. Este sindicato provocó una de las primeras crisis del Gobierno de Pedro Sánchez y obligó a dimitir a la directora general de Trabajo, Concepción Pasqual, quien registró los estatutos de esta entidad. Los socialistas, que defienden la abolición de la prostitución, tramitaron la ilegalización de OTRAS, mientras que Colau expresó su apoyo al colectivo.
La crisis del Gobierno de Sánchez
Las organizaciones feministas abolicionistas de Barcelona denuncian que OTRAS defiende los intereses de la industria de la prostitución y el turismo sexual. Y advierten de que el manifiesto de la Huelga Feminista 8M del 2018 es "el único en toda España que contempla el trabajo sexual como un derecho, y no como una explotación".
Las entidades adheridas son Asociación Internacional L’Escola AC, Abolicionistas en Acción, Stop Trata, Lletra Violeta, Federació de Dones de Catalunya per la Igualtat, Mujeres por la Abolición, Partido Feminista, Moviment Democràtic de Dones a Catalunya, Associació de Veïns Illa Robadors-Picalquers-Roig, PSLF, y otras entidades que se han ido sumando. Hacen un llamamiento "a todas las asambleas territoriales del 8M y al comité estatal, para que esta situación sea denunciada y no se permita en ningún otro lugar".