Estas son las pruebas del espionaje de los Mossos

Los informes sobre seguimientos de periodistas, sindicatos, asociaciones y partidos políticos existieron. Estaban guardados en cajas interceptadas en la incineradora de Sant Adrià de Besós (Barcelona). Un juez de Barcelona acaba de archivar la investigación abierta sobre el denominado “espionaje de los Mossos”, aunque no niega que ese control de personas y entidades se llevara a cabo. No alude el magistrado a ninguna orden judicial que lo avale, pero afirma que la actuación de la policía autonómica fue legal. No opina así la Fiscalía de Barcelona, que ha recurrido el sobreseimiento, ni el Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que en un extenso informe de casi 400 folios, explica la documentación hallada.

ïndice de la investigación de la Policía Nacional sobre los seguimientos de los Mossos [Haga clic para acceder al documento]

No obstante, la decisión judicial ha permitido al independentismo irredento arremeter contra los medios de comunicación que informaron de esos seguimientos. Crónica Global ha tenido acceso a ese informe.

El origen de la investigación judicial se remonta al conocimiento que tuvo la Brigada de Información de la CNP sobre la decisión de los Mossos de destruir “documentación sensible” sobre el procés y el referéndum del 1-O en la incineradora TERSA de Sant Adrià de Besós. “Esta destrucción pretendió llevarse a cabo precisamente la víspera de la proclamación unilateral de la república catalana y la presumible, anunciada e inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución, por la que podría ser intervenida la Policía de la Generalitat”, indica el informe de la Policía. 

Por ello, el 26 de octubre de 2017 se informó al Juzgado de Instrucción número tres de la “localización e inmovilización a su llegada a la mencionada crematoria, de tres vehículos camuflados ocupados por Mossos de la Comisaría General de Información, en cuyo interior transportaban 36 cajas, al parecer con abundante documentación para su destrucción”. La magistrada ordenó la inmediata aprehensión de la documentación.

Conclusiones sobre el seguimiento a personas y entidades no afines al 'procés' [Haga clic para acceder al documento]

“La mayoría de los documentos intervenidos se corresponden a los años 2011 a 2017, encontrando alguno anterior, incluso del año 1998. Asimismo, señalar que algunos de los documentos se encontraban rotos en pequeños trozos que han dificultado su recuperación completa”, añade el informe policial.

Junto a la documentación relativa a la organización del 1-O, los agentes encontraron informes “sobre actividades o seguimientos de objetivos de interés no policial ni judicial, sino de tipo político. El denominador común es que se trata de personas, entidades o actividades contrarias al independentismo, muchas veces adjetivadas en los propios informes como españolistas, constitucionalistas, etc., documentos relativos al Cesicat, y varios relativos al CNI español”. Tras conocerse estos seguimientos, varios de los afectados presentaron querella judicial. Entre ellos el abogado José María Fuster-Fabra; el exlíder de Societat Civil Catalana (SCC), José Ramón Bosch y el secretario general del sindicato policial SPC, David José. 

Hubo seguimientos, pero según el juez fueron legales

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ha decidido archivar la causa al entender que “ninguno de los datos que constan en la documentación y que se refieren a los querellantes y denunciantes, afecta a la vida íntima; se trata de datos que guardan relación con la vida privada o con la misma vida pública, fácilmente obtenibles en la llamada información abierta”. Añade que toda información “se ha obtenido con medios legales, no existe ninguna intromisión en ningún fichero secreto, no se ha intervenido teléfono alguno, no se ha interceptado correspondencia ni entrado en ningún domicilio”. No hubo, por tanto, “desviación de poder” pues el propósito de los Mossos, dice el juez, era “salvaguardar el interés público”.

Seguimiento de los Mossos al diario 'El Triangle' [Haga clic para acceder al documento]

La resolución judicial ha dado pie a que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el consejero de Interior, Miquel Buch, hayan arremetido bruscamente contra los medios de comunicación que se hicieron eco de esas investigaciones, a los que acusa de mentir y difamar. PSC, Ciudadanos, PP y Catalunya en Comú-Podem propusieron la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre el espionaje de periodistas, políticos, activistas sociales y sindicatos no afines al procés, pero los votos de Junts per Catalunya, ERC y la CUP lo impidieron. No opina así la Fiscalía, que ha presentado recurso contra el sobreseimiento de las diligencias. Tampoco la propia Policía Nacional. 

Lo cierto es que los Mossos fueron pillados cuando iban a quemar informes del procés y de personas y entidades no afines al independentismo. Entre los espiados figuran periodistas de los diarios El Triangle, y El Confidencial. En algunos casos, los seguimientos incluían apoyo fotográfico y grabaciones “personas del ámbito político, periodístico, empresarial y social, que pudieran ser una amenaza para el proceso soberanista que estaba poniendo en marcha la Generalitat”.

La notas halladas en las cajas de los Mossos indican que “varios políticos del PPC fueron sometidos a vigilancias y seguimientos”, utilizando en ocasiones “medios técnicos de algún grupo de comunicación afín al proceso y ordenados por cargos políticos de CDC”.

El informe de los Mossos sobre Societat Civil Catalana [Haga clic para acceder al documento]

También aparecieron en las cajas intervenidas en la incineradora documentos de CESICAT (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña), considerado el embrión de un CNI catalán, que también estuvo implicado en el espionaje a personas u políuticos catalanes no partidarios del separatismo, presumiblemente “utilizando el sistema de espionaje denominado “Cerberus”, que habrían aplicado, como mínimo, a teléfonos móviles smartphones”.

Mención aparte merece el control que se hizo de los actos organizados por SCC, así como de otras entidades sociales que rechazan la independencia. “No solo se trata de un simple informe de seguimiento de una manifestación, sino más bien del seguimiento que desde la CGINF (Comisaría General de Información) de los Mossos, siguiendo presumiblemente órdenes políticas, se ha venido realizando de partidos políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas, entre otros colectivos en Cataluña, que son contrarios al proceso independentista desarrollado por el gobierno de la Generalitat desde sus diferentes consejerías”. En este sentido, el CGINF informó del crecimiento de Ciudadanos y de SCC.

Una boda en Marruecos mereció la atención de los Mossos [Haga clic para acceder al documento]

Especialmente amplio fue el seguimiento del abogado Fuster-Fabra, uno de los querellantes, con profusión de fotos halladas en las cajas de los Mossos. Asimismo, la policía catalana realizó un informe sobre los “asistentes políticos catalanes y españoles” a la boda en Marruecos del hijo de una persona de confianza del Rey Mohamed VI a finales de 2015. Entre los asistentes figuraba una persona vinculada al entorno de Jorge Moragas, que entonces era jefe de gabinete del presidente Mariano Rajoy; la exsenadora socialista María José Elices, entonces consejera del Puerto de Tarragona; Sebastià Mercadé, relacionado con CiU, PSOE y PP (trabajaba en Acciona), y el fiscal delegado antidroga en la Audiencia de Tarragona, Ángel Vilafranca.