El alcalde del municipio gerundense de Vidreres, Jordi Camps (PDeCAT) ha sido citado a declarar ante la juez en relación a la querella presentada por una asociación de consumidores por supuestas irregularidades en el suministro de agua. Los querellantes acusan a Camps, así como al empresario Marc Mallart, de los supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes.
Se da la circunstancia de que Camps preside Xaloc, un organismo autónomo de la Diputación de Girona habilitado desde 2014 para recaudar tributos de la Generalitat. Esta gestión forma parte del embrión de la Hacienda catalana, formada por la Agencia Tributaria de Cataluña y las cuatro diputaciones catalanas.
Según han confirmado fuentes judiciales, Jordi Camps está citado para comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Santa Coloma de Farners el próximo día 14 a las 9.30 horas. El alcalde deberá prestar declaración como imputado. Ni el Ayuntamiento de Vidreres ni Carles Monguilod, el abogado que lleva la defensa del alcalde, han respondido a las consultas de este diario. Ese mismo día también está citado, aunque a horas diferentes, según la interlocutoria a la que ha tenido acceso Crónica Global, el representante de las empresas presuntamente implicadas en el fraude.
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Jordi Camps, alcalde de Vidreres (Girona)
Las diligencias abiertas en este juzgado responden a la querella de la Asociación de Defensa de las Personas Consumidoras de la Selva contra Camps y el empresario Marc Mallart, al que responsabilizan de un “entramado societario ideado para llevar a cabo conductas ilegales”. Estaría compuesto por Rec Madral Companyia d’Aigües SA, Riera de Cabanyes Companyia d’Aigües SA, Corporació Riera Cabanyes SL, Corporació Rec Madral SL, Empowerment SL, Master Llagostera SL y Technologic Camps Solutions SL. Los hechos narrados por la citada asociación, que fueron investigados por la Guardia Civil de Girona, aluden a una serie de “irregularidades que desde hace tiempo vienen llevando a cabo, en el municipio de Vidreres, el señor Marc Mallart a través de diversas sociedades de las que ostenta el control, en la gestión del servicio de suministro de agua potable en diversos municipios de la Selva, junto al alcalde de esta localidad”. El municipio, con una población de 7.652 habitantes, consta de un núcleo urbano y seis urbanizaciones: Aiguaviva Parc, La Goba, Mas Flassià, Puig Ventós, Santa Seclina y Terrafortuna.
La gestión del suministro del agua potable en el núcleo urbano se hace desde el Ayuntamiento, aunque la facturación de los consumos está delegada en el Consejo Comarcal de la Selva. La urbanización Mas Flassià también está gestionada directamente por el Consistorio.
Las urbanizaciones de La Goba, Aiguaviva Parc, Puig Ventós y Terrafortuna pagan el servicio a las empresas incluidas en la querella, que gestionan el agua procedente de cuatro pozos situados en Vidreres y diez ubicados en Llagostera. Los querellantes aseguran que Mallart no tiene autorización para realizar la captación del agua. Remiten a un certificado de la Agencia Catalana del Agua (ACA) del 25 de mayo de 2016, que declaró la ilegalidad de la captación. Esa “captación irregular” se lleva a cabo “con el consentimiento del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vidreres”.
Sin pagar el canon del ACA
La citada asociación de consumidores sostiene que la venta del agua por parte del empresario Mallart se realiza “sin ninguna concesión administrativa expresa y, por tanto, sin que se haya seguido ningún procedimiento de licitación a favor de las empresas que controla”. Solo se tiene conocimiento de un contrato, con fecha 4 de octubre de 2016, entre el alcalde y Mallart a través del cual el Ayuntamiento, “de forma irregular, se compromete a suministrar agua a las sociedades de Mallart para cubrir las necesidades de abastecimiento de agua potable en las urbanizaciones de Aiguaviva Park, Puig Ventós, Torrefortuna, La Goba y el Polígono Industrial”.
Los querellantes afirman en su escrito que “el grupo Mallart, de forma deliberada y continuada, no paga desde hace años, al Ayuntamiento de Vidreres el agua que le proporciona. En cambio sí cobra los recibos de agua de los usuarios finales de las urbanizaciones”. Tampoco liquidan estas empresas, siempre según los denunciantes, el canon del agua a la ACA, dejando pendientes de pago cantidades que superan los dos millones de euros.