El último conflicto 'indepe': las guarderías

La financiación de las guarderías se ha convertido en arma arrojadiza entre los socios de gobierno, PDeCAT y ERC. La Diputación de Barcelona, presidida por los convergentes, ha eliminado la partida que anualmente destinaba a las escoles bressol, después de que el gobierno de Artur Mas decidiera en 2014 suprimir ese gasto. Lo hace en previsión de que el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, cumpla su compromiso de volver a financiar la educación de 0 a 3 años. Sin embargo, el republicano Bargalló afirma que, si no hay se pueden aprobar los nuevos presupuestos de la Generalitat de 2019, no se puede garantizar ese gasto.

Mientras tanto, los ayuntamientos asumen el coste y procuran mantener la calidad y alcance del servicio. Esplugues (Barcelona) es un caso de éxito y también un ejemplo del esfuerzo que hacen los consistorios para ayudar a las familias.

Evolución del gasto de la Generalitat en guarderías / CG

El acuerdo entre las administraciones sobre la escolarización de 0 a 3 años contemplaba que la financiación de las plazas sería asumido por las familias, la Generalitat y los ayuntamientos. En 2014, el gobierno de Artur Mas dejó de pagar su parte en el marco de los fuertes recortes aplicados en sus políticas sociales. Recortes que todavía no se han revertido en Cataluña, a diferencia de otras comunidades autónomas.

Así, la Generalitat pasó de destinar 30 millones de euros a la creación de plazas de guardería en 2010 (gobierno tripartito) a no destinar ni un euro en 2015. Desde entonces han sido los ayuntamientos, ayudados por la Diputación de Barcelona, los que han sufragado esos gastos. Una treintena de consistorios acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para reclamar el gasto destinado durante estos años. Y la Justicia les dio la razón, condenando a la Generalitat a pagar los atrasos. La Sindicatura de Cuentas, por su parte, también cuestionó la gestión de las ayudas a la educación de entre 0 y 3 años. En concreto, criticó el perjuicio provocado a las familias beneficiarias por los retrasos en la concesión de las ayudas.

 

Sin embargo, tal como publicó Crónica Global, el Gobierno catalán presentó un recurso de casación contra la primera sentencia que dio la razón a un ayuntamiento. En este caso se trata de Sant Joan Despí (Barcelona). En la misma alega que la Justicia “no puede sustituirla en la determinación del alcance, las condiciones y el quantum que comporta la actividad discrecional de la Administración”.

En su recurso --presentado en la anterior legislatura--, el Govern afirma que el ciclo de 0-3 años “no se integra dentro de la obligación del sostenimiento con fondos públicos de los sistemas educativos”. Considera que la “interpretación y aplicación del Derecho estatal” que realiza la sentencia del TSJC es “gravemente dañosa para el interés general por alterar el régimen de financiación del sistema de financiación del sistema público de enseñanza” con “grave afectación a la Hacienda catalana”.

El Ayuntamiento de Esplugues (Barcelona) es un caso de éxito en materia de guarderías

La mayoría de esos gobiernos municipales que acudieron al TSJC está en manos socialistas. Uno de ellos es Esplugues (Barcelona), cuya alcaldesa, Pilar Díaz, explica a Crónica Global “el esfuerzo que han tenido que hacer los ayuntamientos para suplir la falta de pago de la Generalitat”. A pesar de ello, el Consistorio ha mantenido el mismo precio por plaza (114 euros mensuales) desde el curso 2012-2013, uno de los más económicos del área metropolitana. Esplugues es, de hecho, el primer municipio de Cataluña en oferta de plazas de escola bressol.

pilar diaz esplugues

Pilar Díaz, alcaldesa de Esplugues (Barcelona)

Cubre el 100% de la demanda en centros públicos –su red está formada por los centros La Mainada, Montserrat, Montesa y Marta Mata, que se une a otro centro de titularidad de la Generalitat— y así lo reconoce un informe de la Fundación Jaume Bofill De l’escola bressol a les polítiques per a la petita infància. En este estudio se destaca la necesidad de una financiación estable y de la restauración progresiva de la aportación económica de la Generalitat. Asegura que la educación en la primera infancia supone “una política igualadora y de conciliación familiar”. De ahí su importancia.

 

La alcaldesa de Esplugues subraya, no obstante, que junto a las guarderías, existe otro tema pendiente de resolver también muy importante, el de las becas comedor, cuya financiación también ha sido recortada por el Govern.

A esos recursos judiciales presentador por los ayuntamientos socialistas se sumaron posteriormente Barcelona, gobernada por Barcelona en Comú, e incluso Reus, cuyo alcalde es de PDeCAT. Esta formación ostenta la presidencia de la Diputación de Barcelona a través de Marc Castells. Hasta ahora, el ente supramunicipal había incluido en sus presupuestos una partida destinada al pago de las escoles bressol, pero ha desaparecido en las cuentas de 2019 aprobadas el pasado jueves.

Votación en la Diputación de Barcelona

La justificación que el gobierno de la Diputación es que el consejero de Enseñanza se ha comprometido a recuperar la financiación de las guarderías. A partir de 2011, el Govern redujo la aportación de 1.800 euros por niño/año a 1.600. Posteriormente, bajó a 1.300 y en 2014, se eliminó del todo. También en esta cuestión se ha echado la culpa al Estado pues, afirman desde el departamento, el Gobierno del PP dejó de pagar los 17 millones destinados a esa escolarización. Fue entonces cuando las diputaciones compensaron el déficit con 875 euros por niño, cifra que, en el caso de la Diputación de Barcelona, llegó a alcanzar los 1.000 euros.

Sin embargo, Bargalló supedita la recuperación de ese gasto a la aprobación de los nuevos presupuestos de la Generalitat para 2019. Nada se sabe de su contenido, que el Govern asegura que será expansivo en políticas sociales. Pero en sus negociaciones con otras formaciones políticas, no se han concretado cifras.

Que la Diputación de Barcelona ponga ahora la pelota en el tejado de ERC ha sido interpretado en medios parlamentarios como el enésimo pulso entre PDeCAT y ERC. Es cierto que Bargalló ha dado un cambio de rumbo en un departamento que, en la anterior legislatura, estaba en manos de PDeCAT. Y eso no gustó a la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau, todavía influyente en ámbitos educativos y políticos. No obstante, como señala la diputada de PSC Esther Niubó, “de momento solo hemos oído buenas palabras del conseller en sede parlamentaria. Ahora hay que pasar a la acción”.