El fallecimiento del juez que investigaba el 1-O retrasará la causa del 'procés'

El fallecimiento del titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investigaba la logística del 1-O, retrasará la toma de decisiones importantes, como la citación de investigados o la posible investigación de nuevos implicados. También podría implicar el retraso de la conclusión de la causa, a la espera de la llegada de un nuevo juez titular.

De momento, el juez de refuerzo asignado el pasado 31 de octubre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ayudar a Ramírez Sunyer se ocupará de tramitar la causa para que no quede en un punto muerto y siga avanzando, según fuentes judiciales.

Proceso de sustitución

Para reemplazar la plaza de este juzgado de instrucción, que ha quedado vacante, se abrirá a un concurso que depende del CGPJ. Una vez se haya escogido a un sustituto, y se publique su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE), éste retomará la investigación del procés.

No obstante, antes de tomar decisiones el nuevo titular deberá estudiar una causa que cuenta con miles de folios y varias decenas de partes personadas.

Refuerzo de la causa

El 31 de octubre el CGPJ acordó dotar a este Juzgado de un refuerzo integral asignándole al titular del Juzgado de Instrucción 3 de Terrassa (Barcelona), Sergi Gustau Casares Zayas. Este juez deja temporalmente ese destino para incorporarse de forma plena al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

Estaba previsto que este juez se ocupara de todos los asuntos a excepción de la instrucción de las Diligencias Previas 118/2017, seguidas por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos, que debía seguir exclusivamente el juez Ramírez Sunyer. Ahora este juez sustituto asumirá las cuestiones de tramitación.

Legado de Ramírez Sunyer

Ramírez Sunyer deja como obra el hecho de haber sido el primer juez que investigó las irregularidades que rodeaban la organización del referéndum ilegal del 1-O promovido por el anterior Gobierno catalán. El juez inició su investigación en 2016,  después de que trascendiera que el exsenador de ERC y juez Santiago Vidal, suspendido de la carrera judicial por redactar un borrador de constitución catalana, estaba recorriendo la autonomía catalana explicando que el Govern tenía ya los datos censales de los ciudadanos.

Más tarde, Ramírez Sunyer vigiló los avances que realizaba la Generalitat en los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. El juez ordenó a la Guardia Civil el registro de dependencias del Ejecutivo autonómico y las detenciones de varios altos cargos del anterior Govern el 20 de septiembre de 2017. Durante el registro al Departamento de Economía, se produjo el asedio a los agentes de la Guardia Civil por parte de los independentistas, donde estaban presentes Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

La operación sirvió para localizar el documento Enfocats, una de las pruebas documentales que está en manos del Tribunal Supremo y que servirá como prueba durante el macrojuicio del procés que se celebrará en el Alto Tribunal.