La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha rechazado de forma rotunda que la decisión de la Abogacía General del Estado de calificar de sedición --y no de rebelión, como la Fiscalía-- la actuación de los líderes del intento de secesión de Cataluña de hace un año responda a un gesto hacia el independentismo.

"No es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica de valoración de los hechos y de aplicación del Código Penal bajo criterios estrictamente profesionales", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Delgado ha alegado que, precisamente, ha habido mucho debate entre expertos jurídicos sobre los delitos de rebelión, sedición y desobediencia grave y ha insistido en que la Abogacía ha actuado solo "desde la profesionalidad". "No se trata de gestos", ha subrayado, y ha asegurado que "no ha habido imposición de criterio" por parte del Gobierno.

Presupuestos

Así, no ha querido valorar si esta toma de posición de la Abogacía puede ayudar a que los partidos independentistas apoyen en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Que sirva o no sirva, no tengo ni idea. De lo que estamos hablando en este momento es de una fase procesal que se inicia", ha explicado Delgado que, además, ha señalado en varias ocasiones que las conclusiones que ha presentado este viernes la Abogacía son provisionales.

Indulto

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha subrayado que esta ha sido la "primera calificación" de los hechos por parte de la Abogacía General del Estado y de la Fiscalía, "por tanto, no ha habido cambio de nada".

Calvo ha evitado descartar un posible indulto por parte del Gobierno en caso de que haya condenas firmes por el procés. Pero sí ha lamentado la "sobreactuación" de Ciudadanos en esta cuestión. "Todos los días hablan de indultos y es una figura que está en la Constitución", ha advertido.

Costes

La vicepresidenta ha destacado que la "crisis constitucional" a causa del independentismo es un "asunto capital" para el Gobierno por lo que "no calculan" los posibles "costes" políticos que puedan derivar de sus decisiones.

Calvo ha asegurado que el Ejecutivo está centrado en "resolver" esta situación con "respeto" a la justicia y a la Constitución.