Este sábado, 27 de octubre, se cumple una año desde que el Parlament efectuara la declaración unilateral de independencia (DUI) que supuso la intervención de la autonomía catalana mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La fecha que tenía que ser el fin del llamado procés y el inicio de la supuesta república catalana, fue solo un día más. Y lo que ha venido después ha sido principalmente el esfuerzo por parte del Ejecutivo liderado por Quim Torra para mantener un relato procesista cuestionado cada día que pasa por más independentistas.
Elecciones plebiscitarias
La recta final del procés tenía que durar 18 meses. Con este pretexto se convocaron las elecciones del 27 de septiembre de 2015, donde los neoconvergentes del PDeCAT y ERC se presentaron bajo la lista unitaria de Junts pel Sí y se les llamó “elecciones plebiscitarias”.
Este concepto fue solo una maniobra más de marketing político, puesto que el decreto de convocatoria era idéntico al de unas elecciones autonómicas.
18 meses e independencia
Los diputados independentistas en el Congreso de los Diputados, como fue el caso de Gabriel Rufián, aseguraron que no estarían “ni un día más” de los 18 meses fijados en la Cámara Baja.
Esos 18 meses finalizaban en el 27 de marzo de ese año, pero al ver que no podían cumplir con su palabra, distintas voces de aquel Govern empezaron a decir que el plazo se iniciaba en realidad desde la investidura de Carles Puigdemont, el 10 de enero de 2017.
Hoja de ruta
Para aquellos comicios se presentó una hoja de ruta muy gráfica para convencer a los electores de los pasos que conducirían a la secesión.
El esquema arrancaba con un “Gobierno de concentración” que, de forma paralela a “un debate ciudadano y constituyente”, preparaba las “estructuras de Estado”.
hoja ruta proces
Hoja de ruta para la independencia
El siguiente paso a dar era “proclamar la independencia” desde el Parlament; “elecciones constituyentes” y la redacción de una “Constitución catalana”. El proceso culminaba con un “referéndum para aprobar” la nueva Carta Magna.
Esa votación que era de ratificación de una nueva Constitución derivó, al poco tiempo, a la petición de un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. “Referéndum o referéndum”, dijo Puigdemont en su única visita a Madrid.
Estructuras de Estado
No solo fue mentira o un ejercicio de lo que se conoce como wishful thinking (pensamiento desiderativo) el periodo fijado para la culminación de los planes secesionistas, sino también el motivo de ese plazo: la elaboración de estructuras de Estado.
Como han reconocido los propios dirigentes independentistas, no tenían las estructuras de Estado preparadas cuando, hace justamente un año, proclamaron la independencia de Cataluña.
Mayoría social
Una vez conocidos los resultados de los comicios del 27 de septiembre de 2015, durante la misma noche electoral, el entonces cabeza de lista de la CUP, Antonio Baños, admitió que no tenían la mayoría de votos para emprender la hoja de ruta hacia la construcción de un Estado catalán.
Esta carencia de mayoría social, no obstante, la encubrieron con su mayoría parlamentaria: Junts pel Sí y la CUP, las únicas fuerzas nítidamente independentistas, sumaban 72 diputados (de los 135 de la Cámara catalana).
Mediadores internacionales
La justificación que se dio el 10 de octubre de 2017 para suspender la proclamación de independencia en el Parlamento autonómico fue que el Ejecutivo catalán había recibido la llamada de actores internacionales que se ofrecieron para mediar entre el Govern y el Gobierno central.
Esta supuesta ayuda internacional nunca llegó y solo sirvió al sector independentista que lideraba Puigdemont para ganar tiempo hasta la nueva y fallida DUI del 27 de octubre de 2017.
Consejo de la República
Con la fuga de Puigdemont y los exconsellers a Bélgica y Suiza y la constatación de que Cataluña no había pasado a ser un nuevo Estado en forma de república, se inventaron el Consejo de la República para seguir alargando el procés.
Este mismo organismo ha sido puesto en entredicho por la portavoz del Gobierno de la Generalitat, Elsa Artadi, cuando afirmó en la rueda de prensa de este martes que en realidad no tendría “trascendencia directa” en las actuaciones del Ejecutivo catalán.
Foro Cívico
El último chiringuito del Govern ha sido la constitución del Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente, presidido por el cantautor Lluís Llach.
De acuerdo con la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOCG) se trata de un “consejo asesor”, pero se abstienen de hablar directamente de “república” o de elaboración de una nueva Constitución.
Revisionismo
Más allá de estas estrategias para alargar el sueño del procés entre sus electores, también ha empezado una suerte de revisionismo de los hechos que tuvieron lugar el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlament, cuando se aprobaron la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica.
Un ejemplo de ello lo dio este jueves el diputado y líder de Demócrates per Catalunya, Antoni Castellà, cuando afirmó en el pleno del Parlament que esos dos días estuvieron amparados por la legalidad. Los principales partidos independentistas tampoco quisieron celebrar el primer aniversario de estas sesiones parlamentarias que dieron origen a lo que, a su juicio, fue el “mandato popular” que salió del referéndum del 1 de octubre de 2017.