El precio que paga el Ayuntamiento de Barcelona para apaciguar a los ‘okupas’

El gobierno de Ada Colau trató de comprar –sin éxito-- el edificio okupa conocido como Ca La Trava, ubicado en el barrio de Gràcia. La alcaldesa prosigue la política de Xavier Trias de evitar el conflicto con los okupas instalados en la ciudad, mediante la compra y posterior cesión de los espacios okupados a estos colectivos. 

El inmueble, ubicado en el número 154 de Travessera de Gràcia, consta de 707 metros cuadrados y diez viviendas, según datos de la Dirección General del Catastro del Estado. Además, el edificio contiene tres locales de uso comercial en las plantas bajas.

La casa okupa Ca La Trava tras el desalojo de los Mossos d'Esquadra / CG

La casa 'okupa' Ca La Trava de Gràcia tras ser desalojada / CG

Precio de la casa 'okupa'

El precio del metro cuadrado en el distrito de Gràcia para las viviendas de segunda mano es de unos 4.379 euros, según el portal inmobiliario Idealista, por lo que el valor de mercado del edificio Ca La Trava equivaldría a algo más de tres millones de euros. 

No obstante, según fuentes del sector inmobiliario, dado el estado de la vivienda, su ubicación exacta, y otros elementos a tener en cuenta, la compra de todo el activo inmobiliario –es decir, de todo el edificio–, oscilaría en torno a los dos millones y medio de euros. Analistas de un fondo de inversión especializado en el sector inmobiliario afirman a este medio que en su caso, para obtener una rentabilidad a corto plazo, la oferta de compra se situaría en torno a los 1,8 millones de euros. 

El ayuntamiento, interesado en la compra

Preguntados por la oferta de compra del ayuntamiento, las fuentes consultadas muestran dudas a la hora de situarla por encima o por debajo del precio de mercado. Aun así, todas destacan que ésta superaría el millón de euros. 

Eloi Badia, concejal del distrito de Gràcia, aseguró en un comunicado el pasado 20 de septiembre que como solución al posible desalojo “hemos estado estudiando diferentes opciones, como la posibilidad de realizar una compra pública. Finalmente, la situación fuera de ordenación que tiene el edificio nos inhabilita para poder hacerlo”. Desde el departamento de prensa del Ayuntamiento de Barcelona aclaran que el consistorio estudió “la viabilidad de comprar el edificio, pero no llegó a hacer una oferta porque jurídicamente no podía”. 

Versión de los 'okupas' 

Una versión diferente a la que ofrecen los okupas. Éstos acusan a Robert Soro (Barcelona en Comú) de haberles “asegurado varias veces que la compra estaba casi acordada” y que les pidió “discreción, cosa que cumplimos”. Esta intermediación del ayuntamiento permitió parar la orden de desahucio que se había activado tras la ocupación del inmueble a instancias del propietario.  

Pasados unos meses, y frente al “silencio administrativo", los okupas recibieron una llamada de los juzgados advirtiéndoles que las negociaciones se habían roto y que el proceso de desalojo de Ca La Trava volvía a activarse.  

Falta de transparencia

La oficina d'habiatge popular de Gràcia denunció la falta de transparencia del proceso, ya que se desconocen los detalles sobre la negociación entre el equipo de Ada Colau y el propietario del inmueble, la empresa MAR SL. Preguntados por la cuestión, desde la inmobiliaria MAR SL --del grupo La Llave de Oro-- han declinado ofrecer su versión de los hechos.

Esta falta de transparencia en las negociaciones guarda un cierto paralelismo con el acuerdo entre el exalcalde Xavier Trias y el propietario de una antigua oficina bancaria okupada en el barrio de Gràcia. Trias pagó durante un año (2015) 5.000 euros al mes por el alquiler del Banc Expropiat, un caso que acabó en manos de la Fiscalía por un posible delito de malversación de caudales públicos. El contrato que firmó con el propietario --con el desconocimiento de los okupas-- le sirvió al exalcalde para evitar el desahucio del local y unos posibles disturbios en Gràcia a las puertas de las elecciones municipales.

Contentar a los movimientos vecinales

Pese a su intento fallido, esta no es la primera vez que el gobierno de Ada Colau trata de contentar al coletivo okupa o a los movimientos vecinales mediante la compra de edificios con dinero público para ceder después su uso. El pasado mayo, el consistorio oficializó la compra del conocido como "Bloc 17" por un millón de euros, que sirve como sede de diferentes movimientos vecinales, asociativos y políticos. Asimismo, este edificio del barrio de Horta-Guinardó es utilizado por varias organizaciones de la órbita de la CUP, como Endavant o Arran. 

Los comunes también se han gastado durante este mandato 2,5 millones de euros en la compra de unos bajos en la calle Nàpols para abrir durante los primeros meses de 2019 el nuevo ateneu popular de Sagrada Família, alternativa al antiguo cine Niza, que es el que los activistas habían reclamado. El local, de unos 1.400 metros cuadrados, servirá como punto de encuentro de las entidades vecinales, sociales y culturales del barrio de la Sagrada Família.

Esta política de adquisición de espacios públicos es bien recibida por las asociaciones de vecinos, que están llamadas a ejercer un importante papel durante las próximas elecciones municipales.