La Audiencia Nacional empezará a investigar la supuesta caja B que usaba el Partido Popular (PP) para sufragar parte de sus gastos de organización. El magistrado José de la Mata ha dado luz verde a la Sala de lo Penal para que inicie la instrucción de las piezas que abordan los gastos del partido que fue apeado de la Presidencia del Gobierno mediante una moción de censura. Todas, excepto las supuestas donaciones en negro que habría recibido de empresarios que, en contrapartida, se habrían beneficiados de decisiones políticas.
El juez del tribunal especial ha precisado que se puede abrir investigación de la contabilidad irregular de la formación, pero que las pesquisas no pueden incluir la pieza que hace referencia a las presuntas donaciones en negro por parte de empresarios que habría recibido el partido.
En una providencia, el juez de la Mata da pues luz verde a la investigación sobre la renovación de la sede de los populares –situada en la calle Génova de Madrid--, que se habría costeado, supuestamente, con dinero negro procedente de la caja B del mayor partido de España en número de diputados en el Congreso.
Impago de impuestos
Asimismo, el titular del juzgado central de Instrucción número 5 ha informado a la misma sección de que también puede iniciar la investigación del impago del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2008, así como la compra de acciones del diario on line Libertad Digital.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata / EFE
Con lo que respecta a las supuestas donaciones de empresarios, José de la Mata recalca en el documento que la instrucción en marcha los indicios de entrega irregular de dinero al partido “no impide para nada la continuación de las actuaciones de enjuiciamiento” de las tres piezas judiciales anteriormente mencionadas.
La sentencia de Gürtel derribó al Gobierno
El movimiento judicial es de calado, pues una sentencia anterior de la Audiencia Nacional en mayo, la relativa al caso Gürtel, tuvo consecuencias políticas: empujó al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a presentar una moción de censura contra el entonces presidente, Mariano Rajoy. La estrategia parlamentaria concitó el consenso y los votos necesarios y Rajoy fue apeado de la Presidencia del Gobierno el 1 de junio, menos de un mes después de que el tribunal especial hubiera acreditado una "estructura financiera y contable paralela a la oficial existente al menos desde el año 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado (Luis) Bárcenas".
Aitor Esteban, portavoz del PSOE en el Congreso de Diputados, felicita a Pedro Sánchez en el Congreso / EFE
El auto, que totaliza 1.687 folios, fue demoledor para los populares. Concluyó que "el Grupo Correa y el Partido Popular tejieron en esos territorios una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, dentro de la normal actividad de dicho partido político". Todo ello constituía, según el parecer del tribunal, "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central y autonómica".
Siete piezas en la Audiencia
Cabe recordar que el proceso judicial por la presunta financiación irregular del PP se ha dividido en varias piezas judiciales en la Audiencia Nacional. Hasta el momento se han celebrado cuatro juicios y ya hay tres sentencias, incluida la que condenó al extesorero Luis Bárcenas a 33 años y cuatro meses de cárcel y a 51 años y 11 meses de prisión al empresario Francisco Correa. Asimismo, el tribunal condenó al PP a título lucrativo, esto es, consideró acreditado que el partido tuvo una caja de contabilidad en B entre 1999 y 2005 que se extendió a nivel municipal, autonómico y nacional.
El resto de las causas pendientes incluyen los llamados Papeles de Bárcenas, en los que figura la remodelación de la sede nacional del PP; el mayor de los procedimientos, referente a las adjudicaciones a dedo a cambio de supuestas donaciones de empresarios; los contratos de la Generalitat Valenciana con la red Gürtel; la investigación sobre la financiación de los fastos por la visita del Papa a Valencia en 2006; los contratos del Ayuntamiento de Jerez para la feria de turismo Fitur; las adjudicaciones sospechosas a Aena entre 2000 y 2002 y la trama de supuesta financiación irregular en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.