La Generalitat se lía con su república digital

Junts per Catalunya no engaña: su programa electoral incluye la creación de un "Estado digital en forma de república". Y a ello se dedica con ahínco el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró. De momento, con más errores que aciertos.

Ocurrió el pasado día 8, cuando el consejero informó en las redes sociales de su reunión con miembros de la Fundación punt.CAT. “Hoy, la primera infraestructura del estado digital (reprimida por el Estado español el 1-O es recibida por el presidente Quim Torra. El Govern impulsará el .Cat  como el dominio propio de Cataluña #RepúblicaDigital”.

Las palabras del consejero provocaron fuertes críticas en las redes, incluso por parte de la prensa afín al secesionismo. “Es una vergüenza que la Generalitat secuestre ahora un dominio que fue creado al margen de las instituciones por entidades de todos los Países Catalanes y con ánimo de representar a todos. Indigno Quim Torra”, escribió el director de Vilaweb, Vicent Partal.

"Un error", "falta de respeto", "lamentable"

“El .cat representa a la lengua catalana, es decir, a valencianos, mallorquines, catalanes…. No representa al Govern de Cataluña, que .cat llegue a un acuerdo con la Generalitat catalana es un error. Cataluña debería tener un dominio de dos letras, como todos los estados”, respondía un tuitero. Por ejemplo el dominio .CT.

“Lamentable y una falta de respeto total hacia los valencianos, malloquines, andorranos…”.

Y desde el PSC, el diputado Pol Gibert recordó que José Montilla ya impulsó el dominio.cat hace más de diez años cuando era ministro de Industria. “La escenificación tiene un límite”, denunció el socialista.

Salvadó: "Es una iniciativa privada, no se la puede apropiar"

En declaraciones a Crónica Global, el presidente de la Fundació puntCAT, Carles Salvadó, explica que la gestión de este dominio es privada. “Nosotros no recibimos dinero de ninguna administración. Lo que ocurre es que tuvimos una reunión con el presidente Quim Torra y con el consejero en la que nos anunciaron que el Govern aprobaría medidas para impulsar el dominio”, precisa Salvadó. Añade que “el hecho de que la Generalitat quiera hacer suyo el proyecto es una forma de presentarlo al mundo, pero no puede apropiárselo porque es la Fundación, donde están representados los países catalanes, la que lo gestiona. No hay ni partidos políticos ni administraciones”.

En 2005, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organismo internacional que aprueba los dominios en Internet, concedió la licencia para usar el .cat, en respuesta a la petición de 98 entidades y asociaciones, 2.615 empresas y 65.468 personas. El dominio fue gestionado primero por una asociación que, tras disolverse, dio paso a la Fundación.

Escapada a Bruselas

Un día después de que tuviera lugar esta tormenta mediática y política, el consejero viajaba a Bruselas para denunciar ante la defensora del pueblo europea “la represión digital del Estado español durante el referéndum del 1 de octubre”.

El consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, muestra la queja presentada ante la defensora del pueblo europea

La queja venía motiva por la falta de respuesta de la CE a la carta que, hace un año, fue dirigida al comisario y vicepresidente de la Comisión Europea, Andrus Ansip. "Se produjeron una serie de cierres de páginas webs y de bloqueo de aplicaciones que no habíamos visto con tal rapidez ni siquiera cuando se trata de cuestiones vinculadas al terrorismo o la pornografía infantil", dijo Puigneró.

Aseguró que el Gobierno bloqueó y censuró no sólo la página web oficial del referéndum, sino también otros portales, y que se cortó el servicio por parte de algunas operadoras.

El consejero aprovechó su escapada para reunirse con miembros de la sucursal de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para hablar de la república digital. Les animó a ejercer de embajadores de la causa catalana. Asistió el exconsejero de Cultura, Lluís Puig, fugado de la Justicia.

Puigneró en Bruselas con el exconsejero de Cultura Lluís Puig, fugado de la Justicia española

Todo ello se enmarca en el objetivo de Puigneró de crear un “Estado digital en forma de república”, tal como contempla el programa electoral de Junts per Catalunya.

Puigneró, que fue detenido cuando ostentaba el cargo de secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad digital por usar datos personales en beneficio del procés, insiste en la idea de crear una identidad digital catalana, en forma de DNI o de app. Tal como informó este diario, expertos en Protección de Datos y en Derecho Penal creen que ese proyecto puede ser un nuevo farol del independentismo, pero temen que el uso de esos datos, aunque sean cedidos de forma voluntaria, sirva para crear una lista de buenos y malos catalanes.

Ni una propuesta de resolución aprobada

Puigneró acaba de superar una semana “horribilis” porque, a las críticas por ese supuesto intento de apropiarse del dominio .cat se une el revés sufrido en el Debate de Política General celebrado en el Parlament, donde no se aprobó ninguna propuesta de resolución relativa a su negociado. Junts per Catalunya y ERC presentaron un paquete de medidas relativas a la telefonía móvil como "nuevos programas de innovación, talento, transformación digital y conocimiento" en el marco del Mobile World Congress (MWC). O impulsar proyectos relacionados con la tecnología 5G en el marco de la fundación de la Mobile World Capital Barcelona para transformar Cataluña en un laboratorio abierto de 5G”.

Las propuestas fueron negociadas con otros grupos, entre ellos el PSC, que sugirió introducir un punto en el que se asegure la apuesta por “consolidar el Mobile garantizando la presencia de las máximas autoridades del Govern en sus actos principales”.

Contra el Rey

Pero el consejero se negó para evitar coincidir con el Rey, en la línea de la estrategia de confrontación del presidente Quim Torra, que incluye un plante permanente a la monarquía, por alentar, dicen, la violencia policial del referéndum del 1-O. De ahí la reprobación votada en el Parlament a iniciativa de los comunes con el apoyo de los socios de Govern.

Sin embargo, el responsable de Política Digitales podría resarcirse esta semana si, finalmente, la Generalitat aprueba, tal como prometió en sede parlamentaria, el decreto ley para hacer efectivos los acuerdos alcanzados con los sindicatos de los funcionarios. El pasado 18 de septiembre, el Ejecutivo autonómico se comprometió a incrementar un 1,95% el salario de los empleados públicos y al pago de todo el sueldo cuando los funcionarios están de baja y desde el primer día --como sucedía en 2012--.

Lamentó Puigneró que haya pasado por dos crisis, la económica –en referencia a los recortes sufridos, como la supresión de la paga extra—y la aplicación del 155.