La CUP insta a la desobediencia sólo donde no gobierna

La CUP se ha mostrado muy crítica con sus socios de JxCAT y ERC por no desobedecer las sentencias judiciales, pero actúa de la misma forma en los municipios donde gobierna.

El último ejemplo se ha producido en Berga, donde la alcaldesa cupaire Monste Venturós ha aceptado de facto la condena por inhabilitación interpuesta por el Juzgado número 2 de Manresa por colgar la bandera estelada en plena campaña electoral. Aunque de cara la galería presuma de mantener sus funciones, es un concejal del consistorio barcelonés quien asumirá su firma jurídica.

La estrategia consiste en mantener el desacato en el plano político, pero sin consecuencias jurídicas. Se trata del mismo planteamiento que se observó por parte del Govern con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, donde se limitaron a rubricar un texto político evitando la validez jurídica del mismo y en menor medida no desarrollando las llamadas leyes de desconexión y transitoriedad jurídica. Esta estrategia, no obstante, ha sido duramente criticada por los antisistema al considerar que los republicanos y los neoconvergentes evitaban el choque directo y frontal con el Estado.

Sortear la justicia

El Ayuntamiento de Berga está embarcado en sortear la situación de su hasta ahora alcaldesa sin que los votantes piensen que han acatado la decisión judicial.

La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, junto a su abogado, Benet Salellas, a la salida del juzgado

En un primer momento presentaron un recurso ante la justicia, pero decidieron retirarlo. Ahora estudian la incorporación de un nuevo concejal. La CUP ha calificado este gesto de "desobediencia política", pero en ningún caso jurídica, por lo que se garantiza la continuidad de la gestión municipal. Y Venturós ya no preside los plenos municipales.

Venturós podría presentarse a las elecciones municipales del 2019, dado que la condena por inhabilitación dura seis meses. Por ahora, es la primera alcaldesa al margen del Estado.

12-O, la primera desobediencia ‘fake’

Las responsabilidades de Gobierno que ha ido asumiendo la formación antisistema a nivel municipal, con cada vez más alcaldías bajo su mando, ha puesto a muchos de sus dirigentes en una contradicción que no percibían cuando ostentaban el papel de oposición.

La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater recibe un abrazo del concejal José Tellez (CUP)

El anterior Ejecutivo de Badalona, formado por la alianza entre Guanyem Badalona, ERC y la CUP, realizó el primer amago de desobediencia. El  tercer teniente de alcalde de Badalona, José Téllez, apareció durante el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre de 2016, ante las puertas del Consistorio para anunciar que el Ayuntamiento permanecería abierto durante la jornada festiva. Téllez aprovechó su presencia ante los medios de comunicación para romper el auto judicial y la interlocutoria en la que la justicia les recordaba que "ni tan solo los cargos electos pueden entrar en dependencias municipales".

Pero dicha puesta en escena fue solo eso: un acto simbólico. Los funcionarios no asistieron a trabajar y solo algunos concejales se personaron ante el edificio público. Más tarde el segundo teniente de alcalde de la ciudad, Alex Mañas, declaró que Téllez solo había roto una fotocopia del auto del juez que les impedía abrir el ayuntamiento el 12 de octubre. "Tengo el señor Téllez delante, lo vi por la televisión rompiendo unos papeles. Era una fotocopia, no era una resolución”, afirmó en una entrevista en la emisora local RàdioB. En la misma línea se pronunció el edil de ERC, Oriol Lladó, alegando que “fue un gesto del concejal, y no del Gobierno municipal”.

Sin contradecir el ordenamiento jurídico

Durante los preparativos para el referéndum del 1 de octubre declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional también se observó la misma dinámica.

En el municipio de Argentona, gobernado por la CUP, se modificó una orden municipal tras la advertencia de la fiscalía provincial. El primer edil de la localidad mandó a los agentes de la policía local una serie de órdenes para evitar que pudieran cumplir con las instrucciones judiciales para frenar el referéndum, pero finalmente decidió decretar unas nuevas órdenes en relación al servicio que debían ejercer los agentes locales que no contradecía el ordenamiento jurídico.

La Fiscalía finalmente archivó el caso al considerar que las directrices dadas por el Ejecutivo se ajustaban a derecho.

Incumplen su propio código ético

Junto a Badalona, Sabadell es la otra gran ciudad donde la formación antisistema ha logrado alcanzar el poder. Pero su alcalde, Maties Serracant, está imputado por un presunto delito de prevaricación en relación al contrato del servicio de recogida de basura de la ciudad.

Maties Serracant, alcalde de Sabadell

En este caso, el edil incumple el código ético de su propia formación, que establece que "en el supuesto de que un miembro fuera imputado por algún delito en un caso de corrupción dejará automáticamente su cargo orgánico o electo". Pero se trata de la segunda investigación que un tribunal abre contra Serracant durante este mandato. En la anterior ocasión el entonces concejal de Urbanismo renunció a sus funciones públicas tras ser acusado de un delito de prevaricación y tráfico de influencias por la cesión de Cal Balsach a una entidad local. 

Serrecant rindió cuentas con la justicia, pero no con su partido. Parece ser que, en su caso concreto, la desobediencia es solo contra las normas de su formación.