Reuniones en los despachos, tensión, corrillos, caras largas y un pleno parlamentario aplazado hasta nuevo aviso. Sensación de déjà vu en la Cámara catalana, que ayer fue escenario de la enésima bronca entre Junts per Catalunya y ERC, en este caso a cuenta de la suspensión de los diputados procesados por el juez Pablo Llarena. El tiempo dirá si esa crisis se ha cerrado en falso, pero el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones supone un nuevo pulso al Estado, en la línea de lo acontecido aquellos días 6 y 7 de septiembre de 2017 en los que se aprobaron las leyes de ruptura, la del referéndum y la de transitoriedad jurídica de la nueva república catalana. Las que propiciaron el 1-O y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La recuperación de esa arquitectura secesionista era una de las propuestas de resolución que la CUP había planteado en la última sesión del Debate de Política General celebrado esta semana en el Parlament. Pero estas iniciativas se han visto eclipsadas por el amago de cisma entre JxCat y ERC, que preconizaba un adelanto electoral.

"Van a por él", aseguran en ERC

La negativa de los neoconvergentes a designar sustituto a Carles Puigdemont, Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull –tal como sugería Llarena para no alterar las mayorías parlamentarias-- suponía un órdago para el presidente de la Cámara, Roger Torrent (ERC), a quien los convergentes pretendían arrastrar a la desobediencia. “Van a por él, quieren inhabilitarle como rival electoral”, aseguran a Crónica Global fuentes republicanas. No perdonan a Torrent que se negara a investir a distancia a Puigdemont, algo que el Tribunal Constitucional no permitía.

El dirigente republicano aguantó ayer durante seis largas horas. El pulso obligó a Torrent y a Quim Torra a convocar un gabinete de crisis en el despacho del president. Finalmente, ERC se avino a apoyar un escrito en el que, a título personal, los cuatro procesados de JxCat verificaban su voluntad de cumplir con el acuerdo votado el día 2. El que proclama, por un lado, que los diputados no están suspendidos y, por otro, que se designa a un sustituto mientras dura el proceso judicial. Oriol Junqueras y Raül Romeva, ambos de ERC, sí designaron formalmente al presidente del grupo republicano, Sergi Sabrià, como sustituto para ejercer el voto.

Escenificación de la reconciliación

Sabrià y Eduard Pujol, portavoz de JxCat, comparecieron conjuntamente para escenificar la reconciliación. Proclamaron que los diputados procesados por Llarena “no están suspendidos”. E hicieron abstracción de esas largas negociaciones, así como del parecer de los letrados del Parlament, que expresaron –de nuevo reminiscencias de aquel 6-7 de septiembre— su rechazo a la nueva fórmula pactada. La pugna protagonizada por el letrado mayor y exsecretario de ERC, Joan Ridao, con el vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa --uno de los hombres duros de Puigdemont--, fue otro de los puntos calientes de la jornada. 

Las mismas fuentes de ERC admiten que ese trámite compromete jurídicamente a Torrent, pero ni los republicanos ni JxCat parecen tener muy claro si compensa un adelanto electoral. Sí coinciden en la necesidad de expresar firmeza ante el Estado español y, de paso, calmar los ánimos a un electorado frustrado, jaleado por la CUP, la ANC y los CDR, que exige en la calle que se implemente la república catalana.

Por su parte, tampoco hay unidad en el mundo convergente, donde el grupo parlamentario de PDeCAT en el Congreso tiene vida propia, mientras que en Junts per Catalunya, los radicales de Puigdemont presionan para que todo estalle. No así los consejeros de la Generalitat, con Elsa Artadi al frente, dedicada a mantener los puentes con la Moncloa. Una actividad que le ha valido fuertes críticas por parte de esos sectores más duros.

Desobediencia o elecciones

Desobedecer o elecciones. Esa es la disyuntiva que, durante toda la jornada, planeó en el hemiciclo, de nuevo bloqueado a la espera de que los socios de Govern se pusieran de acuerdo sobre lo que, a todas luces, era una nimiedad. El Debate de Política General, de nuevo, podía esperar. Y con él, los grupos de la oposición, que el miércoles pudieron ejercer su labor de control tras un discurso duro y que, en realidad, desencadenaría de nuevo las hostilidades entre los socios de Govern.

Torra, o quienes le escriben sus discursos, lanzó un ultimátum a Pedro Sánchez: o hay una propuesta para ejercer el derecho a la autodeterminación antes de noviembre o se le deja caer en el Congreso. ERC y PDeCAT tardaron muy poco en confesar que nada sabían de ese ultimátum, de duración brevísima, ya que el portazo de la Moncloa fue tan contundente e inmediato que Torra se vio obligado a bajar el tono.

Lo hizo tanto en la carta enviada a Sánchez, en la que le pide una reunión sin plazos límite, como en la propuesta de resolución presentada junto a ERC en la que se apuesta por el diálogo para lograr un referéndum pactado como solución al conflicto catalán.