Las propuestas de resolución presentadas por Junts per Catalunya y ERC en el Debate de Política General dicen mucho de la división existente en el mundo independentista. Quim Torra se quedó solo en su ultimátum a Pedro Sánchez, pues ni PDeCAT ni los republicanos aseguran saber nada de fechas límite para ejercer el autoasumido derecho a la autodeterminación. Este revés ha obligado al presidente de la Generalitat a rebajar su tono, enviar una carta al Gobierno en la que pide una reunión sin plazos, y a pactar resoluciones con ERC en las que tampoco hay exigencias temporales. Este nuevo cambio alejará todavía más a la CUP de los socios de Govern, pero puede allanar el camino a un apoyo de los comunes.
En este sentido, JxCat y ERC han registrado una propuesta de resolución en la que se insta a explorar las vías de diálogo y negociación con el Gobierno para un "referéndum acordado, vinculante y reconocido internacionalmente que respete el derecho a decidir" de los catalanes.
Diálogo sin condiciones
El texto apuesta por un diálogo entre Generalitat y Gobierno "de igual a igual, sin condiciones ni renuncias, como base de una negociación" para resolver el conflicto político en Cataluña.
Republicanos y convergentes han pactado también una batería de medidas –Renta Garantizada, Dependencia, FP, lengua, igualdad…– que llevan la impronta de ERC, al frente de la mayoría de consejerías sociales del Govern.
Por el contrario, Junts per Catalunya ha presentado en solitario una propuesta a favor de abolir la monarquía y reprobar al Rey por su discurso del 3 de octubre en el que, afirman, avaló las cargas policiales durante el referéndum. Los republicanos sí se refieren al Rey en una resolución, aunque en otros términos, pues denuncian "la causa general contra el independentismo con el objetivo de eliminar un movimiento social, democrático, cívico y pacífico y, por tanto, dejar sin expresión política una parte importante de la sociedad catalana. Una causa general amparada acríticamente por todos los poderes del Estado, desde el CGPJ hasta el Rey Felipe VI, tal como manifestó su discurso del 3 de octubre de 2017". ERC defiende "una resolución democrática y pacífica del conflicto político, como comparte una gran mayoría de la sociedad catalana, insistiendo en la voluntad de votar sobre la independencia de Cataluña de manera vinculante para todas las partes y con reconocimiento internacional.
La CUP bordea la legalidad
Tampoco cuenta JxCat, al menos de entrada, con el apoyo de ERC para impulsar iniciativas en las que se cuestiona la independencia judicial y se acusa al Estado español de “retroceder en libertades y garantías democráticas”. Los neoconvergentes arremeten contra “los procesos judiciales contra el independentismo y las libertades civiles”.
Más controvertida es la propuesta de la CUP, de cuya ilegalidad ya han advertido los letrados de la Cámara. Los antisistema quieren que el Parlament reafirme la validez de todas las disposiciones aprobadas para ejercer el derecho a la autodeterminación, como la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 y las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. Se trata de iniciativas parlamentarias que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. El escrito pondrá a prueba la capacidad de desobediencia de JxCat y ERC.
PSC: "Rechazo a la vía unilateral
Por su parte, el grupo de PSC-Units ha presentado un texto en el que se insta al diálogo y a la negociación como camino para lograr una solución a la situación política en Cataluña y "rechaza de plano cualquier propuesta unilateral o ilegal". Los socialistas abogan por "dar continuidad a la normalización de las relaciones institucionales" a través de los mecanismos bilaterales y multilaterales existentes, y que se establezca un espacio de diálogo entre las formaciones catalanas.
Catalunya en Comú-Podem también se refiere al conflicto catalán en sus resoluciones. Considera que el modelo autonómico “está agotado”, por lo que también apuesta por una relación bilateral, basada en los principios de igualdad y diálogo institucional. Entiende que la única salida es un referéndum, pero que debe ser pactado “entre la amplia mayoría de fuerzas políticas”.
Cs: no a la imposición ideológica
Ciudadanos constata en sus resoluciones la existencia de una “fractura social” y rechaza el “tinte xenófobo, racista y supremacista” del presidente de la Generalitat. Denuncia la “imposición ideológica en los edificios y espacios públicos” y condena los “actos violentos” de los CDR. Cs reclama al Govern que “abandone la vía unilateral y que respete la ley y las resoluciones judiciales”.
El PP quiere que la Cámara inste a Torra a dimitir por su "grave deriva irresponsable” y por “poner en peligro la cívica convivencia de los catalanes" al jalear a los CDR, que considera “grupos violentos”. Denuncian los populares su "chantaje a los poderes ejecutivos y judicial", por lo que pide que el Parlament lo repruebe y le inste a dimitir.