Convertir el Institut Català de Finances (ICF) en un banco nacional catalán es una antigua reivindicación del independentismo. Los años pasan, el procès permanece, pero esta entidad financiera dependiente de la Generalitat cuya finalidad es impulsar y facilitar el acceso a la financiación al tejido empresarial apenas ha alterado las estructuras creadas por Andreu Mas-Colell. El exconsejero de Economía abandonó el barco gubernamental hace dos años, pero su sombra es alargada. Desde 2011, el consejero delegado del ICF es el exbanquero Josep Ramon Sanromà.
"Aquello era una cueva de ladrones durante el pujolismo"
El perfil capitalista de Sanromà siempre ha espantado a la CUP, uno de los grupos más exigentes en la reconversión de este órgano en banca pública de la futura república catalana. “La gente que llegó con el gobierno de los mejores se fue al ver que Artur Mas estaba desorientado. Sanromà es un bancario profesional y competente, por encima de su fe convergente. El ICF es más profesional que político. Si cambiara el Govern, podría continuar al frente del Institut”, asegura a Crónica Global un miembro del entorno del Sanromà.
Por el contrario, critica duramente “el ICF pujolista, que era una cueva de ladrones al servicio de la mafia empresarial convergente. Entonces todo eran pérdidas. Todos aquellos ya no están”.
Los recelos de la izquierda
El sueldo de Sanromà, uno de los más altos de la Generalitat, ha llamado la atención de Catalunya en Comú-Podem, que ha presentado preguntas parlamentarias al respecto.
En efecto, el consejero delegado cobra desde hace tres años 119.571 euros al año. Cifra superior a la de un conseller de la Generalitat, algo que incumple la ley 2/2014 de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público --el despliegue reglamentario sobre esos límites salariales no se ha llevado a cabo todavía--. Asimismo, los únicos miembros no ejecutivos de la Junta de Gobierno que perciben retribución son los consejeros independientes, 110.000 euros.
Elsa Artadi, consejera del ICF
A esa junta perteneció durante apenas un año, aunque como consejera dominical (elegida por la Generalitat), Elsa Artadi, apadrinada por Mas-Colell y que ahora es consejera de Presidencia. Artadi y Sanromà tienen en común haber sido estrechos colaboradores de Carles Puigdemont. El exbanquero compartió negocios editoriales con el expresidente de la Generalitat antes de ser elegido consejero delegado del ICF.
El Institut depende de la Consejería de Economía, que desde hace dos años está gestionada por ERC. Su actual titular, Pere Aragonès, ha asegurado esta semana que el Govern está dispuesto a impulsar la conversión definitiva del ICF como banca pública de inversiones” para “liderar un plan de inversiones estratégicas vinculado al Plan Juncker y al Banco Europeo de Inversiones”.
En 2015, el Parlament convalidó un decreto ley del Govern que adaptaba el ICF a los requisitos de un banco público. Pero tres años después, este instituto sigue sin tener “ficha bancaria”. Para ello es necesario solicitar un informe al Banco de España y, después, pedir autorización al Banco Central Europeo.