El Parlament retomará su actividad este martes después del periodo vacacional, con 25 leyes pendientes y cuatro comisiones de investigación, aunque no habrá plenos hasta octubre. El motivo del cerrojo de la cámara catalana se sitúa en los conflictos internos entre JxCAT y ERC por los diputados soberanistas suspendidos por el Tribunal Supremo. En concreto, fue la votación en la Mesa del Parlament sobre la suspensión de los diputados presos, para respetar la resolución del juez Pablo Llarena la verdadera razón para cerrar el Parlament ante la posible visibilización de la división independentista. Detrás de la polémica estaba la figura de Carles Puigdemont, que contaba con la protección de todos sus fieles en Junts per Catalunya, que se negaron a que pudiera ser suspendido como el resto de diputados.
Aun así, los independentistas justificaron la anómala suspensión por las obras realizadas en el Parlament, que se alargarían durante todo el agosto. De esta manera, la Cámara abrió el periodo de sesiones el 16 de agosto, como establece el reglamento. Pero la Mesa decidió en junio que el Parlament permanecería sin actividad hasta septiembre, por lo que este martes comenzará su actividad habitual con la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces.
Asimismo, la Junta de Portavoces fijó en su última reunión (julio) el calendario de plenos de este periodo de sesiones y acordó que el primero de ellos fuera el Debate de Política General, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de octubre.
Presupuestos en el aire
Desde el inicio de la legislatura el Parlament ha aprobado dos leyes: una de medidas fiscales, administrativas y del sector público presentada por el PSC, y la reforma de la Ley de la Presidencia impulsada por JxCat que buscaba investir a presidentes de la Generalitat a distancia, aunque fue impugnada por el Gobierno.
La ley más importante que abordará el Parlament en este periodo de sesiones serán los presupuestos de la Generalitat de 2019, con la duda sobre si el Govern logrará los apoyos necesarios para aprobarlos. De momento la mayor incógnita es si contarán con el apoyo de los diputados de la CUP, que se ha mostrado escéptica sobre una posible aprobación de los presupuestos "si lo que plantean son unos Presupuestos en el marco autonómico".
Iniciativas pendientes
Actualmente, la Cámara catalana tiene 25 iniciativas legislativas pendientes de tramitación: 21 son proposiciones de ley presentadas por los partidos y cuatro son proyectos de ley propuestos por el Govern.
Los proyectos del Govern son la modificación del libro cuarto del Código Civil de Cataluña para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de personas con discapacidad sensorial; la ley vitivinícola; la ley de contratos de servicios a las personas, y la creación de la Agència de Salut Pública de Catalunya.
Entre las iniciativas de los grupos se encuentran la ley de memoria democrática presentada por el PSC; la de enseñanza plurilingüe (PP); la de reducción de la presión fiscal en el IRPF en rentas hasta 33.000 euros (Cs), y una que presentaron conjuntamente JxCat, ERC, PSC, CatECP y la CUP para proteger a los denunciantes de casos de corrupción.
Entre las proposiciones de ley pendientes también destacan dos iniciativas relacionadas con la polémica de los lazos amarillos: una del PP para garantizar la neutralidad de los símbolos en las instituciones y el espacio público de Catalunya, y una de Cs que exige que para colgar simbología como lazos amarillos en el espacio público se debe pedir permiso a la administración competente.
Comisiones de investigación
Otra de las actividades que se retomarán en el Parlament son las cuatro comisiones de investigación que se han impulsado en esta legislatura.
De momento solo se ha constituido la de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto del año pasado, que ya ha celebrado cuatro sesiones y prevé celebrar otra el 18 de septiembre, y están pendientes de constituirse la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 y otra sobre el almacén de gas Castor.
Cs, PSC, los comuns y PP impulsaron una comisión para investigar el presunto espionaje de los Mossos d'Esquadra a políticos y periodistas contrarios a la independencia, pero está bloqueada en la Mesa por los votos contrarios de los partidos independentistas.