El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta madrugada desde Santiago de Chile que tiene previsto llevar a Barcelona y Andalucía reuniones de su Consejo de Ministros antes de que concluya el ejercicio en curso. Estos encuentros se dedicarán a “tratar y aprobar medidas” que tengan una incidencia especial en ambos territorios.
Se trata de un gesto del Ejecutivo socialista con la descentralización de los poderes públicos en España. Llega poco después del encuentro entre el presidente catalán, Quim Torra, y su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica). La reunión que concluyó con la advertencia del líder de la Crida Nacional de que este otoño será “reivindicativo” en Cataluña y con la exigencia al Gobierno de un nuevo proyecto político para Cataluña.
Crisis de convivencia en Cataluña
En su comparecencia junto al presidente chileno, Sebastián Piñera, Sánchez ha indicado que su Ejecutivo es “profundamente respetuoso” con el autogobierno de Cataluña. Ante las reclamaciones independentistas, el socialista ha dejado claro que su programa electoral consiste en “unir a los catalanes en torno a un proyecto que supere esta crisis de convivencia en Cataluña”.
Pero mientras Puigdemont ha cargado contra Ciudadanos y el PP, a quienes acusa de “flirtear con la violencia”, el presidente del Gobierno ha declinado realizar ninguna atribución de este tipo. Ha asegurado que su respeto al autogobierno catalán --es decir, que no tiene previsto aplicar otro 155 como se le reclaman desde algunas fuerzas del Congreso-- debe ser compatible con el proyecto para Cataluña que se quiere impulsar desde el Estado.
Ha explicado que tiene previsto aprobar medidas que atiendan “problemas cotidianos de los catalanes” en materias de sanidad, educación o infraestructuras.
Defensa de Llarena
Sánchez también ha defendido desde Santiago de Chile que el Estado respalde al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la demanda civil interpuesta en Bélgica por Puigdemont. “No es una cuestión privada, sino de Estado”, ha sentenciado.
También ha reivindicado la autonomía de la Fiscalía ante la investigación abierta por las identificaciones practicadas por los Mossos d’Esquadra de personas que retiraban del espacio público lazos amarillos. Ha explicado que el Ministerio Público debe actuar de esta forma tras recibir una denuncia. Un proceder habitual, la petición de información, sin injerencias políticas de ningún tipo, tal y como se denuncia desde los movimientos secesionistas.
Cabe recordar que el Gobierno de la Generalitat ha anunciado que quiere multar con hasta 30.000 euros a los que retiran los símbolos independentistas de las calles de Cataluña.