Era cuestión de tiempo que ERC y Junts per Catalunya chocaran ideológicamente en un ámbito tan importante como es el educativo. Sin embargo, el cruce de dardos entre los socios de gobierno se han producido antes de que el ejecutivo de Quim Torra cumpliera sus 100 días de gracia.

Han sido los mismos aliados independentistas quienes han roto esa tregua debido a la decisión del nuevo consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, de deconstruir la gestión de los convergentes en este negociado. Tras las elecciones del 21D, los republicanos asumieron esa Consejería, donde los convergentes aplicaron recortes presupuestarios y favorecieron a la escuela concertada en detrimento de la pública. Medidas contrarias a las posturas ideológicas de ERC, pero que contaron con su excelente aliado, el exvicepresidente de Economía, Oriol Junqueras, líder republicano y católico confeso, que llegó a votar en contra de la eliminación de las subvenciones a los colegios del Opus que segregan por sexo. Un tema espinoso para el republicano Bargalló, ya que el Tribunal Constitucional ha reconocido la legalidad de esas ayudas, renovadas durante la vigencia del artículo 155.

Las cautelas de la oposición

Sin embargo, Bargalló ha comenzado a dar un nuevo rumbo a la Consejería y aunque los grupos de la oposición se muestran muy cautos, lo cierto es que su declaración de intenciones ha sublevado a JxCAT en general y a la incombustible Irene Rigau. La sombra de la exconsejera de Enseñanza, juzgada y condenada por la consulta del 1-O, sigue siendo alargada –se dice que maniobró hasta el final para evitar que ERC cogiera las riendas de Educación. Estalló la veterana política cuando Bargalló, en la línea de recuperar las políticas del Gobierno tripartito (PSC-ERC-ICV), se comprometió en sede parlamentaria a recuperar la corresponsabilidad en la financiación de la enseñanza de 0-3 años en 2019. Lo hizo a instancias de la diputada del PSC, Esther Niubó, muy crítica con la retirada de las ayudas del Govern a las guarderías. Varias sentencias judiciales han dado la razón a los ayuntamientos que tuvieron que sufragar esos gastos, después de que el Gobierno de Artur Mas, con Rigau como consejera de Educación, eliminara las subvenciones.

El anuncio de Bargalló causó malestar entre los nuevos convergentes, que se sintieron desautorizados y así se los hicieron saber a los republicanos.

Niubó valora positivamente el cambio de discurso del consejero “pero de momento solo son palabras. Es cierto que ERC ha heredado los presupuestos de CDC. Veremos qué ocurre”, afirma a Crónica Global. La socialista explica que, respecto a las escoles bressol, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsará un nuevo plan de mantenimiento de estos centros “del que Cataluña puede beneficiarse. Veremos qué hace Bargalló”.

Más ayudas a alumnos con necesidades específicas

Sí que se ha plasmado, en forma de resolución publicada esta semana en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), el aumento de las subvenciones destinadas a la contratación de personal en centros concertados para atender alumnos con necesidades educativas específicas para el curso 2018-2019.

En esta ocasión, el departamento de Enseñanza ha destinado un total de 4,2 millones de euros, cifra superior a los 3,8 millones correspondientes al curso 2017-2018 y los 3,5 millones del curso 2016-2017. Estos recursos van dirigidos a alumnos con discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales, o tienen trastornos graves de personalidad o de conducta, o enfermedades degenerativas graves.

Por otro lado, Bargalló se reunió antes del verano con representantes de asociaciones de padres de alumnos sordos y se comprometió a identificar todos los casos con vistas a mejorar su atención en las aulas.

Quejas de la escuela concertada

De que algo está cambiando en las políticas educativas dan fe las quejas expresadas esta semana por la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (CCAPAC) respecto a lo que califican de “campaña de desprestigio” de la escuela concertada.  Esta entidad reclama al Govern más recursos para cubrir un “estándar mínimo” pues aseguran que los padres de la concertada costean el 45% de la plaza escolar por falta de fondos públicos.

CCAPAC exige la publicación de un informe de las “balanzas fiscales” de la escuela concertada que comenzó a elaborarse durante la gestión de Meritxell Ruiz al frente de la Consejería. Ruiz (PDeCAT), que estudió en una escuela del Opus, abandonó el Govern tras la deriva secesionista que culminó en octubre de 2017 en la aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI).