El Gobierno español ha dado luz verde a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, enterrado en el Valle de los Caídos, mediante la aprobación de un decreto ley que PP y Ciudadanos piensan impugnar. Unidos Podemos, ERC y PDeCAT aplauden la medida, pero la consideran insuficiente, pues instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a ir más allá y anular los juicios sumarísimos y las sentencias del franquismo, entre ellas la del presidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por el régimen.

Los socialistas deberán decidir si acceden a esa revisión judicial que reclaman los partidos que apoyaron su investidura a riesgo de azuzar las críticas de los partidos conservadores respecto a sus supuestas concesiones a los "populistas" y a la falta de consenso. El PSOE abre la puerta a estudiar esas anulaciones mediante su tramitación parlamentaria.

Colectivos de juristas también abogan por esa nulidad. Este es el caso del Equipo Nizkor, organismo especializado en derecho internacional, derechos humanos y civiles, defiende a nulidad de los actos jurídicos del régimen franquista como son “los juicios sumarísimos, las condenas por tribunales ilegales y otras sanciones punitivas que podemos considerar, en términos de derecho internacional, ilegítimos por su origen e insalvablemente ilegales”.

Informe de los juristas

Así lo advirtieron en una carta-informe enviada a todos los grupos parlamentarios del Congreso en la que califican de “legalmente ineficaz” la ley 52/2007 de memoria histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Este colectivo pone como ejemplo a seguir la nulidad de las leyes y actos judiciales del régimen nazi que se llevó a cabo en la República Federal Alemana a partir de 1945. En 1998, Alemania anuló las sentencias dictadas por los tribunales nazis. El aspecto más polémico, explican los juristas, era el de las sentencias de muerte por traición dictadas contra militares en aplicación de los artículos 57, 59 y 60 del Código Penal Militar de 1934. La nulidad ipso iure prevista por la Ley de 1998 no abarcaba las sentencias basadas en estos preceptos. Sólo el análisis del caso particular podía llevar al reexamen de la sentencia.

"Tras un intenso y enardecido debate, el Bundestag llegó por unanimidad a la conclusión de que esas disposiciones eran irreconciliables con el estado de derecho y la Constitución. Por un lado, la vaga redacción de esos delitos hacía posible que en el tipo penal fueran subsumibles un amplio abanico de actos, incluido cualquier acto de desobediencia civil o militar, y por otro, la única pena prevista era la pena de muerte".

“Esperamos que esta cuestión sea resuelta por el Congreso de los Diputados en forma racional y acorde con las medidas adoptadas en otros países europeos que sufrieron regímenes similares al establecido en España por el General Francisco Franco y no dejarla como tarea pendiente para futuras generaciones”, afirmaba esta asociación de juristas, impulsora de la campaña “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas”.

Voces en contra

Recientemente, el exdiputado del PSOE y catedrático de Derecho constitucional, Diego López Garrido, avisó de que la anulación de las condenas dictadas por tribunales franquistas "contradice frontalmente el principio de seguridad jurídica y pondría en cuestión miles de sentencias". En su opinión, ni el Gobierno ni el Congreso son las instituciones adecuadas para tomar esta decisión. En este sentido, el Equipo Nizkor aseguraba que "proceder a tal nulidad no significa en modo alguno que deba ser modificada la actual Constitución, ni afecta a la seguridad jurídica".

Tras la decisión de exhumar por decreto ley los restos del dictador, el Gobierno español se ha comprometido a abordar la anulación de los procesos judiciales franquistas durante la tramitación parlamentaria de la medida.

Así lo aseguró la portavoz del Ejecutivo socialista, Carmen Calvo, en respuesta a las exigencias de Unidos Podemos, PDeCAT y ERC. Por el contrario, PP y Ciudadanos rechazan la exhumación vía decreto ley anuncian que impugnarán la medida.

El vicepresidente de la Generalitat y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha vinculado el apoyo de ERC al decreto ley a que se acompañe de "otras políticas en materia de memoria histórica".

El 'caso Companys'

"ERC siempre ha defendido que la memoria histórica debe abordarse desde la totalidad y también dejando claro que los juicios políticos que se llevaron a cabo en la dictadura franquista deben ser anulados", y ha recordado que no apoyaron la ley de 2007 por no incluir esa anulación.

Descata el caso del presidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por el régimen y del que "debe anularse su sentencia de muerte", ha dicho.

En la misma línea, la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, ha reiterado que la exhumación de Franco debe ir acompañada de la anulación de los juicios del franquismo, pero ha asegurado que votarán a favor del decreto ley porque siempre están a favor de "terminar con todo lo que huele a franquismo".

PNV: “Una condena franquista es una medalla”.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, asegura que «se tenía que haber ido mucho más allá» cuando se aprobó la Ley de Memoria histórica durante el mandato del José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la nulidad de los juicios del franquismo le «da igual» al PNV, pues “una condena franquista, para nosotros, es una medalla”. Sí le importa que en el Congreso de los Diputados se expongan todavía retrasos franquistas «como si fuera una especie de continuación de las Cortes» del régimen de Franco.

También Unidos Podemos quiere ir más allá y, a través de su portavoz adjunta, Ione Belarra, ha asegurado que "además hay que juzgar a los criminales franquistas". Sostiene que la cuestión del Valle de los Caídos no se soluciona sólo con sacar a Franco, sino con hacer una política coherente de memoria democrática.