Impulso Ciudadano ha presentado en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una denuncia contra el consejero de Interior, Miquel Buch; el Director de la Policía, Andreu Joan Martínez, y el comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, para que ésta determine hubo delito en la identificación, por parte de los Mossos d'Esquadra, de varias personas que quitaban lazos amarillos el pasado fin de semana en Tarragona.
El presidente de Impulso Ciudadanos, José Domingo, y el vicepresidente de esta entidad, Carlos Silva, han cursado la denuncia, que se puede leer en este enlace, con la finalidad de averiguar si es punible la actuación de la administración catalana "por arbitraria, carente de fundamento legal y discriminatoria por razón de ideología en la persecución de las infracciones relacionadas con la colocación o retirada de símbolos separatistas como los lazos amarillos, plantillas, banderas esteladas, petición de libertad para determinados presos".
Vulneración de la libertad ideológica
La entidad solicita al ministerio público que requiera al Departamento de Interior para que aporte el Plan Operativo Específico aprobado para hacer frente a situaciones relacionadas con la vulneración de la libertad ideológica al que el consejero hizo mención en la rueda de prensa de 2 de agosto, así como las actas levantadas por los Mossos "relacionadas con la colocación o retirada de símbolos independentistas o políticos, como lazos amarillos, banderas esteladas, o petición de libertad para los presos encausados en el proceso independentista y que se informe de su estado actual de tramitación y las circulares, instrucciones, órdenes o correos internos dirigidos a los distintos mandos policiales" relacionados con los hechos denunciados.
Impulso Ciudadano considera que "debe finalizar la arbitraria persecución contra ciudadanos que cumplen sus deberes cívicos haciendo que el espacio público sea un lugar de encuentro de todos, ante la inactividad de las Administraciones Públicas catalanas que no cumplen con su obligación de respetar los derechos de los ciudadanos a un espacio sin contaminación política partidista". Añade que las administraciones Públicas "deben respetar el principio de neutralidad política y retirar de los edificios públicos la simbología partidista u ofensiva contra otras administraciones o poderes públicos del Estado y hacer cumplir la legislación vigente en relación con el uso del espacio público denunciando a aquellas personas que se encargan de ensuciar y contaminar las zonas públicas".
La asociación "considera incompatible con el Estado de Derecho la utilización de la Policía Autonómica al servicio de la ideología de los dirigentes de la Generalitat que olvidan que la Administración debe actuar con objetividad y al servicio de los intereses generales y, lógicamente, perseguir a los que cometen actos vandálicos en el espacio público como pintadas en edificios, esculturas, mobiliario urbano, colocación de plásticos contaminantes, etc".
Por ello, pide a las autoridades políticas "que acaben con la campaña de criminalización que han puesto en marcha contra el constitucionalismo en Cataluña".