La cesión por parte del Ayuntamiento de Barcelona de una calle a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) fue "irregular". El PP ha anunciado que pedirá un informe jurídico de una cena organizada por el colectivo radical en el barrio de Galvany, ya que considera que podría haber existido "trato de favor".
En una nota pública, el grupo municipal que comanda Alberto Fernández Díaz ha subrayado que el ágape del 27 de junio para recaudar fondos para los independentistas que están en prisión provisional se celebró tras la solicitud de una licencia por parte de dos particulares del barrio. La comida solidaria, que ocupó la calle Rector Ubach entre calle Calvet y calle Amigó pudo tratarse de una concesión temporal a dedo, ya que el Ayuntamiento de Barcelona "no otorga licencias a personas físicas de manera gratuita, pero en este caso sí lo hizo, lo que deja entrever que se concedió el permiso conociendo cuál era la finalidad del acto".
"Permisividad"
Igual que hiciera ayer miércoles Carina Mejías, líder de Ciudadanos en el consistorio barcelonés, que denunció los hechos, Fernández Díaz ha lamentado hoy que "Colau demuestre su permisividad con los colectivos radicales independentistas cuando permite ocupaciones como en el caso de la [antigua cárcel] de La Modelo el pasado fin de semana".
El electo ha recordado también los casos en los que el Ejecutivo local de Barcelona en Comú (BComú) ha permitido colocar carteles en lugares no autorizados a estos mismos núcleos extremistas "apelando a la libertad de expresión".
"Trato preferencial"
El grupo municipal popular ha recordado que el consejero de distrito Óscar Ramírez pidió ayer explicaciones al gobierno municipal en el pleno de distrito de Sarrià-Sant Gervasi --zona en la que tuvo lugar el acto del CDR de Galvany-- y que éste recordó que "pese a que el equipo de gobierno no lo quiere reconocer, es evidente el trato preferencial con el colectivo independentista".
Bajo el punto de vista del concejal de distrito, "la licencia solicitada por los vecinas del distrito no se habría concedido en otros supuestos sino fuera por el contenido del acto que allí se iba a celebrar". Ello, según el electo, podría suponer un "grave incumplimiento administrativo y legal", por lo que los populares pedirán un informe jurídico sobre el asunto.