Nadie espera que, de la noche a la mañana, se solucione el conflicto catalán. Y menos en una primera reunión institucional que supone un punto de inflexión en el bloqueo de las relaciones entre Gobierno y Generalitat. No hubo sorpresas respecto al contenido de la reunión entre Quim Torra y el presidente español, Pedro Sánchez, donde el Gobierno dejó claro que el derecho a la autodeterminación no existe en el ordenamiento jurídico y, por tanto, no habrá concesiones a los independentistas en este sentido.

Sí hubo, por parte de los socialistas, propuestas para clarificar competencias, inversiones e incluso el hecho diferencial catalán. Y todas ellas pasan por la receta del PSC: exprimir todas las potencialidades del Estatut. Presupuestos, blindaje competencial e identidad catalana como arranque de un diálogo truncado por el desafío del independentismo unilateral. Ejes que, en realidad, se podrían hacer extensivos a una futura reforma constitucional.

Las tesis de Iceta

Pedro Sánchez se aferró ayer a las tesis del primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, partidario de recuperar el texto estatutario que salió del Parlament. Se nota, como no podía ser de otra manera, la mano del PSC a través de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, encargada de planificar la cumbre celebrada ayer junto a la consejera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi.

El Tribunal Constitucional (TC) laminó parte de esa “norma básica de los catalanes”, tal como explicó la vicepresidenta Carmen Calvo, pero la negociación política que plantea Sánchez permite clarificar, por ejemplo, las competencias catalanas que el PP impugnó ante el alto tribunal. El PSOE se ha comprometido ante Torra a revisar esas leyes sociales que el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió, lo que equivale a blindar el autogobierno. Con esta finalidad se convocará la comisión bilateral Estado-Generalitat, un órgano de negociación que también está previsto en el Estatut, pero que no se reúne desde 2011, así como comisiones de trabajo cuya finalidad es abordar otras cuestiones como la financiación o las inversiones pendientes. De nuevo aparece ahí el texto estatutario, cuya disposición adicional tercera, la relativa a la inversión del Estado en las infraestructuras catalanas, ha sido aplicada con cuentagotas.

Inversiones pendientes

En los días previos a la cumbre Torra-Sánchez, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonés (ERC) cifró en 6.000 millones de euros las inversiones pendientes. Ayer, el presidente español habló de activar el Corredor Mediterráneo, proyecto estrella repetidamente reivindicado por el empresariado catalán.

Y aunque Sánchez dio portazo a las exigencias más secesionistas de Torra, esto es, al ejercicio del derecho a la autodeterminación, también hubo espacio para el debate identitario. A diferencia de épocas anteriores, Sánchez se siente cómodo en el reconocimiento de la singularidad catalana dentro de un Estado plurinacional. “Siendo un solo Estado, encontramos diversidad e igualdad de derechos”, explicaba ayer la número dos del Ejecutivo.

El Estatut, por tanto, como punto de partida de una negociación que, según el PSC, requiere también de un pacto interno en Cataluña entre las formaciones políticas. Una idea que suena bien a los comunes quienes recuerdan que la moción de censura contra Rajoy prosperó gracias a la ruptura de los grandes bloques políticos, constitucionalistas versus independentistas. ¿Qué impide lograrlo también en Cataluña?