Confusión y nervios entre los abogados de los políticos presos

Confusión y nervios entre el equipo jurídico que defiende a los políticos presos, que ya están cárceles catalanas. Uno de los más activos es Gonzalo Boye, abogado del expresidente Carles Puigdemont y del exconsejero Toni Comín. Como le reconoce el propio Comín, Boye pone el conocimiento jurídico al servicio de “una causa política”. Y, en una entrevista en el diaro Vilaweb ha insinuado que algunos abogados estarían intentando un acuerdo con la Fiscalía para rebajar penas. Boye se muestra contrario a esa posibilidad, pero señala que se está produciendo.

La idea de Boye es que si se reclama una rebaja, en realidad se está aceptando la culpabilidad, y lo que se busca es que se encaje de otra manera --esa culpabilidad-- en los delitos del código penal. Según su reflexión, “conformidad quiere decir que aceptas que determinados hechos son delictivos, y después ya se le dará un encaje jurídico para que en lugar de tener 20 años de pena te pongan cinco”.

Hipotecar una sociedad

Por tanto, si ello ocurriera, “el problema que acepten que los hechos por los que se les acusa son sedición o rebelión es que estarían diciendo que votar el 1-O es rebelión y que los hechos del 20 de septiembre, --frente al departamento de Economía—que son un claro derecho de manifestación, se convierte en sedición”.

Esa posibilidad sería “un error” para Boye, porque, para el abogado, la estrategia que se adoptó por el independentismo fue avalada posteriormente en las elecciones del 21 de diciembre. “No tienes derecho a hipotecar el futuro de una sociedad. Una sociedad que dijo mayoritariamente una cosa el 1-O. Y que se ratificó el 21 de diciembre”.

Inocentes

La posibilidad de ese acuerdo la ha rechazado también el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, al asegurar, en Rac1 que no se puede acordar nada si “se es inocente”. La búsqueda de algún acuerdo implicaría que se admite la culpabilidad.

Pero todas esas reflexiones son producto de la confusión y los nervios por los distintos casos que están en juego. Puigdemont se encuentra pendiente de la resolución de la euroorden cursada en Alemania. También ocurre lo mismo con Clara Ponsatí en Escocia, con la Fiscalía escocesa a favor de la extradición. Y fuera de España también se encuentran los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, los tres en Bélgica. Quedan dos casos más, Marta Rovira, de ERC, y Anna Gabriel, en Suiza, que acaba de recibir el permiso de residencia por cinco años.