Triple varapalo judicial. El Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) coincidieron ayer en subrayar la ilegalidad que implica investir a distancia al candidato a la presidencia de la Generalitat. Un parecer que comparten los letrados del Parlament, tal como lo expresaron recientemente. En paralelo, el juez Pablo Llarena toma medidas para atar en corto a los exconsejeros fugados.

Pero estas advertencias judiciales nunca han sido obstáculo para Carles Puigdemont, fugado de la justicia y retenido en Alemania. Si en la anterior legislatura obvió las resoluciones de estas tres instituciones en cuestiones tan relevantes como las leyes de ruptura –referéndum y transitoriedad— y la declaración unilateral de independencia (DUI), el expresidente asegura ahora que ningún juez le dirá cómo debe administrar sus tiempos políticos. Y mucho menos, qué candidato debe presentar Junts per Catalunya.

Erre que erre

"Quieren que renunciemos de buenas a primeras a la investidura de Puigdemont y tengo que comunicar al pueblo de Cataluña que, de entrada, no renunciamos de buenas primeras a la investidura de Puigdemont", afirmó el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, tras conocer las resoluciones judiciales.

En enfrentamiento con el Gobierno está servido, pues, de momento, no parece que la justicia disuada a los independentistas de aprobar la reforma de la ley de presidencia y del Govern, hecha a la medida de Puigdemont.

El pie en el acelerador

La justicia ha puesto el pie en el acelerador en esta recta final hacia la fecha límite para investir al presidente de la Generalitat, el 22 de mayo. De lo contrario, se tendrían que convocar elecciones, previsiblemente el 15 de julio.

El TC publicó ayer un auto en el que advierte de que Puigdemont no puede ser ungido presidente. Lo hace en relación a la investidura fallida del pasado mes de enero, cuando el presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendió el pleno a la espera de que el alto tribunal se pronunciara. Pese a ese intento frustrado, los magistrados se prodigan en avisos a la Mesa de la Cámara catalana. Declaran que, a la espera de una sentencia definitiva y tras admitir la demanda del Gobierno, recuerdan el "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".

Dictamen solicitado por PSC y Cs

Horas después, y apurando los plazos, el Consejo de Garantías se pronunciaba en contra de la investidura a distancia de Puigdemont, en respuesta al dictamen solicitado por Ciudadanos y PSC. Al igual que el TC, este órgano, que vela por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatuto se pronunció por unanimidad en contra de las pretensiones del candidato de JxCat de ser investido gracias a la reforma exprés de la ley de presidencia. Pero a diferencia del alto tribunal, las resoluciones del CGE no son vinculantes. De ahí que, a partir de ahora, se abra un período de enmiendas que acaba el 2 de mayo. Un día antes de que se celebre el pleno donde está previsto aprobar esos cambios, que se mantienen en el orden del día.

Muy probablemente, la oposición pedirá que se reúnan la Mesa y la Junta de Portavoces para pedir, de nuevo, que no se tramite esa ley. Y, una vez más, los letrados intentarán convencer a los representantes de las formaciones independentistas de la ilegalidad que pretenden cometer.

Publicación en el DOGC

Es previsible que, una vez publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), el Gobierno impugne esa ley. Como también podría pronunciarse el TC sobre la delegación del voto de Puigdemont y Toni Comín, tras el recurso de amparo presentado por Cs.

Y mientras la justicia redunda en las ilegalidades de Puigdemont, tanto los políticos presos, como PDeCAT y ERC reclaman la formación de gobierno efectivo que acabe con la vigencia del artículo 155. Eso pasaría por investir a un candidato sin cargas judiciales. Pero, de momento, el núcleo duro de Puigdemont le mantiene como prioridad, seguido de quienes también lo intentaron, Jordi Turull y Jordi Sànchez, ambos encarcelados. A la espera, dicen, de lo que dictamine la justicia alemana. Mientras tanto, a los independentistas no les va mal mantener la agitación y el enfrentamiento con el Estado.

Por su parte, el magistrado Pablo Llarena, que instruye la macrocausa del procés, ha pedido a las autoridades belgas que tomen declaración a los exconsejeros Meritxell Serret y Comín para que designen abogado y procurador de confianza en España, y que en caso contrario se les designe uno de oficio. Su objetivo es que ambos políticos huidos estén a disposición del Supremo.