Puigdemont pone rumbo a unas nuevas elecciones plebiscitarias

Vuelta al plan a. Los independentistas aseguran que, hoy, la prioridad es que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat. Y como eso no va a ocurrir, pues el Gobierno español no permitirá ungir a un candidato fugado de la justicia, el ambiente que se respira en el Parlament es de nuevas elecciones plebiscitarias. Ya las hubo en 2015, tras la consulta secesionista celebrada el año anterior. El adelanto electoral del 21D convocado en aplicación del 155 frustró las expectativas de unos comicios constituyentes, como apuntaba la hoja de ruta secesionista.

En esta ocasión, Junts per Catalunya ha puesto rumbo a una contienda electoral cuya finalidad sería refrendar la figura de su líder. “Puigdemont está convencido de que puede ampliar su número de escaños, fagocitar a ERC y superar a Ciudadanos, rival que, considera, ha tocado techo”, explican fuentes soberanistas. Hay quien asegura en el partido que en unas nuevas elecciones, y con Puigdemont como cabeza de lista, se podría crecer hasta 12 escaños. Y ven poco probable que los republicanos puedan desmarcarse, como hasta ahora se había conjeturado, con un pacto de izquierdas con los comunes. Reforzada por los gritos de “Puigdemont, president!” escuchados en las últimas concentraciones independentistas, JxCat considera que no tiene rival en el espectro secesionista.

Atención internacional

Esa es la dirección a la que apuntan los pasos dados en los últimos días por el núcleo duro del exalcalde de Girona. En la última reunión que mantuvo éste en Berlín con su grupo parlamentario, Puigdemont reactivó su candidatura. Tras quedar en libertad por la justicia alemana y despertar, esta vez sí, el interés internacional, JxCat arropa a su cabeza de lista acelerando la reforma de la ley de presidencia y del Govern que debe permitir investir a Puigdemont a distancia. Fuentes de este grupo de fieles admitían ayer que el objetivo inmediato ahora es ese: dar cobertura legal a una investidura a distancia.

También la coordinadora de PDeCAT, Marta Pascal, apostaba ayer por tratar de ungir a Puigdemont a través de la modificación de la ley de presidencia, aunque sin descartar que, en caso de que no funcione, se pueda escoger a una persona “diferente” para que ocupe la presidencia. La prioridad, según Pascal, es formar gobierno efectivo cuanto antes. Un deseo que comparte ERC. Sin embargo, ese posibilismo choca con los movimientos de sus socios de JxCat, que recuerdan que además de Puigdemont, se mantienen sobre la mesa los nombres de Jordi Sànchez y Jordi Turull, a quienes el juez Pablo Llarena no dejó salir de la cárcel para ser investidos.

Reforma de la ley, el 3 de mayo

Sin embargo, los independentistas saben que la reforma de la ley de presidencia, con la que también se pretende dar luz verde a un gobierno en el exilio, será impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) una vez sea publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). Las mismas fuentes de JxCat insisten en su idea de aprobar los cambios legislativos en el pleno del Parlament previsto el 3 de mayo. Previamente, el Consejo de Garantías Estatutarias emitirá un dictamen, tal como ha solicitado la oposición, que no alterará los propósitos de los separatistas –no lo hizo durante los traumáticos días 6 y 7, cuando el CGE rechazó las leyes de ruptura, ni cuando este mismo órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes avisó de las consecuencia de la declaración unilateral de independencia--, enrocados en mantener la tensión/confrontación ante una posible convocatoria de elecciones.

Y frente a esa excitación política y social, el bloqueo secesionista ha provocado un cierto spleen parlamentario. Resultado de ello es la gran expectación mediática que generan cuestiones hasta ahora anodinas, como las tramitaciones de la Mesa del Parlament, que ayer rechazó la reconsideración sobre la delegación de voto concedida a Toni Comín solicitada por la oposición. Ciudadanos ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el TC, pues entiende que las medidas cautelares acordadas por este alto tribunal impiden delegar el voto a quienes tienen una orden de busca y captura e ingreso en prisión vigente.

La líder catalana de la formación naranja ha criticado la inacción del Gobierno, cuyo recurso paralizaría de inmediato ese voto virtual, que devuelve a JxCat y ERC la mayoría suficiente para prescindir de la CUP.