Si algo caracteriza a los letrados del Parlament es su discreción. Sin embargo, el proceso independentista les ha puesto en una situación límite. La reunión de la Mesa de la Cámara catalana fue escenario ayer del enésimo desprecio a estos profesionales, encargados de asesorar a los miembros de este órgano gestor. El presidente del Parlament, Roger Torrent, se negó a conceder la palabra a los letrados durante el debate sobre la presentación de una querella contra el juez Pablo Llarena.
Torrent evitó escuchar lo que no quiere oír. Esto es, el rechazo de los juristas a emprender acciones penales contra el magistrado que instruye la macrocausa del procés. Así lo anunció el presidente del Parlament la semana pasada, pero esa querella todavía no se ha presentado oficialmente.
La amenazas de la malversación
Ya entonces, ese cuerpo jurídico –compuesto por el jefe de los servicios jurídicos y secretario general del Parlament, Xavier Muro; el letrado mayor, Antoni Bayona, y nueve abogados– advirtió de la posibilidad de que la institución fuera acusada de malversación dado el sesgo ideológico de la iniciativa. Ayer volvió a salir el asunto, que se desinfla por momentos. “Está por ver que esa querella se presente finalmente”, aseguraba ayer una diputada de la oposición. De hecho, el acta de la reunión de la Mesa recoge una genérica intención de emprender acciones legales contra Llarena, a quien acusa de prevaricación por no permitir a Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real, presentarse a la investidura.
Otras fuentes recuerdan que, hasta ahora, Torrent (ERC) no ha incurrido en ninguna ilegalidad y así quiere seguir. También señalan que los letrados no son expertos en Derecho Penal.
No son vinculantes
La falta de respeto de los independentistas por la labor de los letrados, que se remonta a la anterior legislatura, comienza a hacer mella, hasta el punto de que Bayona se ha planteado dejar su cargo y regresar a la docencia. Las resoluciones de estos expertos contra las iniciativas independentistas son incontables. Como igualmente numerosos son los desacatos de los partidos separatistas a las mismas.
Los informes de estos juristas no son vinculantes, circunstancia a la que se agarran los independentistas para saltarse sus recomendaciones. Los letrados son conscientes de que la última palabra la tienen los diputados, pero según ha podido saber Crónica Global, el malestar por el ninguneo de su trabajo va en aumento.